Las corporaciones corren el riesgo de recibir una multa de 17.400 millones.
Debido a que al parecer Colombia Telecomunicaciones (Movistar) y Comunicación Celular (Comcel-Claro) se niegan a atender las solicitudes de portabilidad de sus clientes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación.
El Régimen de Protección al Usuario puede haber sido vulnerado, señaló la SIC en un comunicado, por presuntamente restringir el derecho de los particulares a seleccionar libremente el operador de su preferencia a través de la portabilidad numérica.
Según los datos recabados por la superintendencia, es probable que Movistar y Claro estén activando y facturando a sus clientes un producto sin recibir su consentimiento previo y explícito. Los productos denominados «Mejor Juntos» y «Bonos de Lealtad» de Movistar y «Datos Plus» de Claro serían activados y cobrados por dichos operadores, vulnerando su libertad de elección de proveedor, planes y servicios de Telecomunicaciones.
Esta conducta vulneraría los derechos de los usuarios ya que los contratos de servicios de comunicaciones exigen la aceptación expresa de cualquier modificación de los mismos.
Se han presentado cuatro cargos en las investigaciones respectivas contra estos proveedores de servicios de comunicaciones como resultado de las denuncias realizadas por los usuarios y otros participantes del mercado de que sus solicitudes de portabilidad estaban siendo denegadas.
- desconociendo el derecho de los usuarios a recibir información veraz, oportuna, completa y clara que les ayude a tomar decisiones sobre el servicio que se ofrece o activa.
- Modificar los términos previamente pactados con los usuarios, imponiéndoles y cobrándoles servicios que supuestamente no aceptaron expresamente.
- Desconocer el derecho de los usuarios a recibir una copia del contrato de prestación de servicios de comunicaciones ajustados durante el ciclo de facturación posterior a aquel en que el proveedor modificó el plan original contratado por el consumidor.
- Crear e implementar tácticas de marketing, promociones y/u ofertas que impidan que los usuarios seleccionen libremente su proveedor de servicios, lo que en última instancia resultaría en el uso continuado del servicio del operador por parte del usuario.
Junto con iniciar una investigación, se impusieron una serie de medidas administrativas inmediatas y de largo plazo a Movistar y Claro para evitar que restrinjan la libertad de elección de proveedor de sus clientes, mantengan su línea y se activen sin autorización. y comprobable de los productos mencionados.
Las empresas podrían estar sujetas a multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($17.400 millones) conforme al artículo 65 de la Ley 1341 de 2009 si se demuestra que incurrieron en las conductas descritas, aún después de haber agotado las sanciones administrativas en todas las etapas de este proceso.
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Claro manifestó que no fue informado de la investigación por esta situación. “Para la empresa, el cliente y el cumplimiento de la ley son las prioridades, por eso actúa con transparencia y cumple con los requisitos del Régimen de Portabilidad Numérica, con los plazos establecidos en el reglamento para este proceso, y está siempre en constante comunicación con la SIC para implementar los planes de mejora en los procesos, los cuales son oportunamente comunicados a la autoridad”.
La empresa continuó diciendo que, como lo ha hecho en el pasado, ha informado a varios organismos de control y vigilancia sobre otros negocios de la industria cuando violan el estándar de portabilidad.
“La empresa reitera que actúa dentro de los parámetros de la ley, que respeta los derechos de los clientes y que, junto a la autoridad, seguirá trabajando a favor de los derechos de los usuarios en el país”, se lee en el comunicado Claro.
Movistar no se ha pronunciado ante estas declaraciones.
