Por: Álvaro Hernando Cardona González
Este miércoles se conoció que, al parecer, los proyectos de transición energética adelantados en el país no van por buen camino. Específicamente las empresas del sector de la energía, tan reconocidas como Celsia, EDP Renovables y Enel Colombia, que la pasada semana aparecieron mencionadas en una columna del ex Vicepresidente German Vargas Lleras en varios diarios nacionales y regionales, pasan por malos momentos para avanzar en varios de sus proyectos principalmente por los obstáculos que las comunidades ponen para avanzar en las ejecuciones.
También se conocen quejas, un poco más veladas, en el sector petrolero, que se agazapan en mensajes gubernamentales sobre la seguridad económica para el sector, para dejar de manifestar las razones verdaderas por las cuales han aplazado ejecuciones: la manera cómo detrás de la participación social, existen intereses ocultos, y además y sobre todo las expectativas de que por fin las comunidades “vean” al Estado y entes territoriales atendiendo sus reclamos. También tenemos conocimiento de situaciones similares en las nuevas delimitaciones de algunos páramos.
¿Pero de qué hablamos? ¿Cuáles son verdaderamente las causas por las cuales tan cruciales proyectos para el progreso, la generación de empleo, la estabilidad económica e inaplazables para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos? Pues una crisis en los mecanismos de participación. No porque no haya mecanismos, o porque estos indefectiblemente traigan resultados negativos, o ineludiblemente sean injustos. Sino porque hay un abuso de estos.
Precisamente el uso negativo de los mecanismos es evidencia de que existen los mecanismos y las comunidades participan en las tomas de decisiones ambientales.
Ocurre, muchas veces, y cada vez lamentablemente en mayor proporción, es: 1. Que se usan para visibilizarse y exigir que se ejecuten obras y proyectos de parte del Estado, y entidades territoriales; y 2. Que hay un abuso para lograr satisfacer intereses mezquinos.
En el primer caso, por ejemplo, las comunidades buscan que las entidades públicas cumplan con sus responsabilidades y satisfagan los anhelos postergados como vías, escuelas, centros de salud y otros. Y que trae consigo otra situación lamentable y es que entonces las autoridades aprovechan para imponer cargas adicionales a las empresas privadas.
En el segundo, totalmente reprochable, las comunidades y algunos de sus líderes, exigen prebendas tales como que se les contrate o a sus parientes en las ejecuciones de los proyectos, incluso hasta se generan espacios de corrupción: “haga la obra y cuando ya se están haciendo los proyectos, si usted no me da, le paro”.
Es hora de sincerar los roles. Y adoptar medidas para que “participar”, sea sea “colaborar” para el desarrollo nacional y sostenible.
