Por: Ernesto Cardoso Camacho
Entendiendo que por obvias razones el expediente judicial, donde se le imputa al expresidente Uribe la presunta responsabilidad penal por soborno a testigos y fraude procesal no se conoce a plenitud; como para realizar una objetiva y rigurosa valoración del mismo; para intentarlo responsablemente es indispensable acudir a las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación al respecto, así como al desarrollo de las audiencias públicas en las cuales los Jueces de Conocimiento han decidido negativamente, en dos ocasiones, la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía.
Lo primero es entender que se trata de un caso judicial de muy alto contenido político por sus protagonistas principales. Al efecto hay que recordar su origen.
Luego de amplio debate promovido por el Senador Cepeda sobre el paramilitarismo, en el cual sugirió la vinculación del expresidente y de su hermano Santiago con la creación del grupo paramilitar conocido como “Los doce Apóstoles”; cuyo epicentro de actividades criminales se localizaba en la Hacienda Guacharacas de propiedad de la familia Uribe; y en donde fuera asesinado su padre por una columna guerrillera; tal sugerencia tuvo la clara intención política de suponer que los hermanos Uribe y sus amigos más cercanos, crearon dicho grupo paramilitar motivados en la venganza.
Tal hipótesis planteada en un ambiente caldeado por la naciente polarización política e ideológica, cuando Uribe había enfrentado militarmente desde el gobierno a las Farc y se avizoraba un nuevo intento de negociación política con dicho grupo al margen de la ley; propósito que efectivamente materializó el presidente Santos, elegido por el uribismo; abrió la brecha del plebiscito de octubre de 2016 que ganó el NO liderado por Uribe y otros dirigentes de la llamada derecha colombiana. Este acontecimiento marcó la fuerte consolidación del enfrentamiento político e ideológico que aún hoy padecemos y que instiga desde el gobierno el presidente Petro.
Claramente es este el origen del proceso judicial altamente politizado e ideologizado que hoy enfrenta el expresidente Uribe.
Su indiscutible carácter politizado surge del debate mencionado promovido por Ivan Cepeda; luego por la denuncia que contra él formulara Uribe ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema, bajo el cargo de haber visitado establecimientos carcelarios buscando testigos contra Uribe y su hermano.
El Magistrado Barceló Camacho, ya de salida de su magistratura por vencimiento de su período, decide inhibirse de investigar la denuncia contra Cepeda y en la misma providencia, resuelve abrir la investigación contra Uribe. En su reemplazo asume la investigación el Magistrado Reyes quien antes de llegar a la Corte había sido contratista del gobierno Santos en los temas de impulso al Acuerdo de Paz, precisamente sobre los derechos humanos de la población carcelaria.
En estas circunstancias, la Sala de Instrucción niega a los abogados de Uribe la existencia de investigación en su contra durante cerca de 4 meses, ni acepta la solicitud de rendir una versión libre; pero mientras tanto avanza la investigación que, entre otras diligencias, ordena la interceptación ilegal del teléfono de Uribe, hecho plenamente probado en el proceso. Ilegal porque la orden judicial confundió deliberadamente el teléfono de Uribe con otro de un congresista chocuano que investigaba la Corte, confusión probada bajo juramento por el analista que verificaba las comunicaciones telefónicas, informada a la Corte desde el primer día de los 4 meses que duró la interceptación ilegal.
Luego vinieron otras actuaciones en las cuales el protagonismo lo asumió el señor Monsalve, denominado el testigo estrella del soborno a testigos, su compañera sentimental Deyanira y la inclusión al proceso de las supuestas víctimas, el exfiscal Montealegre y su exvicefiscal Perdomo, quienes han actuado en el proceso como acusadores muy activos.
En conclusión, es evidente que el proceso penal esta cargado de contenido político más que jurídico, lo que constituye una verdadera infamia contra Uribe, cobrándole su indiscutible liderazgo y su importante apoyo popular. Ahora pasa a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá que deberá decidir el recurso de apelación sustentado por el Fiscal del caso y coadyuvado por el Ministerio Público. En la audiencia los defensores del expresidente, Granados y Lombana, fueron contundentes en demostrar que no existe evidencia probatoria que demuestre la existencia del soborno al testigo estrella Monsalve. La frase final pronunciada por el expresidente Uribe en dicha audiencia refleja con precisión el contenido de la infamia “me da mucha tristeza señora juez el ribete político de este proceso y que usted en su providencia me sindique de paramilitar”. No es muy difícil percibirlo. Se prolonga la infamia porque en el actual contexto nacional, estamos adportas de una elección territorial que es crucial para la democracia, donde el liderazgo de Uribe es imprescindible en el sentimiento de la gran mayoría de colombianos.
