En el seguimiento realizado por la Procuraduría General de la Nación a las Comisarías de Familia, se ha requerido al Ministerio de Justicia y a las alcaldías de todo el país que informen sobre las acciones emprendidas para fortalecer el servicio comisarial. Estas entidades son la primera instancia de acceso a la justicia familiar y tienen la responsabilidad de brindar una respuesta inmediata para proteger y garantizar los derechos de las víctimas de violencia en el contexto familiar, así como de aquellas personas en riesgo de sufrir violencia.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, en su papel de entidad rectora de las comisarías, ha sido requerido para que informe sobre las principales acciones llevadas a cabo para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 2126 de 2021. Además, se solicita que proporcione información actualizada sobre el registro de las comisarías de familia en todo el país.
Por otro lado, se ha solicitado a las administraciones distritales y municipales que indiquen las acciones concretas que han realizado para fortalecer la prestación del servicio comisarial en sus respectivos territorios. Esto se hace en respuesta a los informes de vigilancia y seguimiento enviados por la Procuraduría, así como al cumplimiento de los mandatos establecidos en la Ley 2126.
La Procuraduría recuerda la responsabilidad que tienen estas entidades como actores fundamentales en la ruta de acceso a la justicia familiar. Se les insta a garantizar que las comisarías de familia cuenten con las condiciones necesarias para ofrecer un servicio de calidad y digno. Esto se debe a que estas instituciones son las encargadas de atender y proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, quienes esperan una respuesta efectiva en su búsqueda de justicia.
