Por: María Claudia Lacouture
En la cuestión de la mujer rural seguimos como en la edad media. El campo colombiano ha tenido un proceso muy lento de desarrollo, poco tecnificado, expuesto al histórico conflicto de tierras y a la acción y abuso de las bandas organizadas, llámense guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, o lo que sea, al final son lo mismo, conviven y se aprovechan de la falta de control que el Estado logra ejercer en algunas regiones alejadas y marginadas.
Según un estudio de la Universidad de Oxford con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), las mujeres en las zonas rurales son el grupo menos conectado a las TIC en la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe, lo que hace más difícil el acceso a herramientas que facilitan el trabajo agropecuario y mucho menos la inclusión en actividades formación o de trabajo a distancia.
La agricultura y el trabajo del campo es una actividad estratégica en cualquier lugar. Los países desarrollados por lo general subsidian plenamente está actividad que garantiza independencia y seguridad alimentaria. Israel es una potencia en agricultura dónde las mujeres juegan un rol fundamental en los kibutz y existe un equilibrio de participación comunitaria.
En Colombia son más de 5 millones las trabajadoras agrícolas, sin embargo, es una actividad que se sigue percibiendo y pensando como una práctica inherente a los hombres, descuidando que al lograr mayor visibilidad, reconocimiento y mecanismos de apoyo a la mujer que trabaja el campo se lograría mayor crecimiento y desarrollo del agro colombiano.
La ecuación parece fácil, el problema es que aún estamos en pañales en cuanto a lograr la paridad en la proporción de hombres y mujeres que toman decisiones dentro del sector agropecuario. De 53 gremios, solo 9 los lideran mujeres, y en 14 hay presencia de no más de dos mujeres en sus juntas directivas.
La pandemia y todas las consecuencias que trajo consigo, como los confinamientos, restricciones de movilidad, recesión de la economía y pérdidas de empleo también se hicieron sentir en el campo y debido a las desigualdades de género las mujeres en la ruralidad también resultaron ser las más afectadas, sobre todo aquellas que tenían empleo formal o informal en sectores diferentes al agro.
Lo paradójico es que, en Colombia, pese a la pandemia, el sector agroindustrial fue uno de los pocos en registrar un crecimiento positivo. A pesar de la incertidumbre mundial por el coronavirus el campo colombiano fue capaz de crecer 2,8 %. En el agro tenemos mucho que contribuir y complementar.
En el ámbito mundial es una creciente tendencia la participación de las mujeres en la producción agrícola, demostrando que con la capacidad femenina se mejora la contribución a la seguridad alimentaria. Según expertos, si las agricultoras gozaran de las mismas oportunidades, condiciones laborales y derechos que los hombres, podría reducirse en 100 y 150 millones el número de personas con hambre en el mundo.
Es el momento de abrir espacios y crear mejores condiciones que empoderen a las mujeres agricultoras, que les permitan el desarrollo de sus capacidades, revertir la desigualdad en las áreas rurales y facilitar acceso a la tecnología, reducir las brechas de desigualdad social para que puedan mejorar sus condiciones de vida y las de su núcleo familiar. Hay que legitimar sus derechos y dignificar su labor.
