Tras el homicidio de Armando Mosquera Trujillo, en el municipio de Tello, Huila, Indepaz señaló que solo en lo que va del 2023, a nivel nacional han sido asesinados 79 líderes. Por esta razón, la Procuraduría General y Defensoría del Pueblo instalaron una comisión que verificará el cumplimiento de las Alertas Tempranas.
Diario del Huila, Huila
Por: Gloria Camargo
En un nuevo episodio de violencia que sacude al país, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha confirmado que el número de líderes sociales asesinados en Colombia durante el presente año ha alcanzado la alarmante cifra de 79.
Esta trágica estadística se suma al reciente homicidio de Armando Mosquera Trujillo, reconocido líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mesa Redonda, así como exconcejal del municipio de Tello, ubicado en el norte del Huila.
El informe proporcionado por Indepaz revela que Mosquera Trujillo fue ultimado con un arma de fuego mientras se desplazaba en su vehículo por el sector conocido como La Batea, a unos 40 minutos del casco urbano de Tello.
Este lamentable suceso ha generado conmoción en la región, dejando consternada a la comunidad y planteando interrogantes sobre el nivel de seguridad para los líderes sociales en el país.
Como respuesta a esta preocupante situación, la Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 010/23, que abarca los municipios de Baraya, Neiva y Tello.
Esta alerta advierte sobre las «amenazas graves y directas» que se han emitido contra líderes y lideresas comunales y comunitarios que han resistido de manera pacífica los mecanismos de control territorial y poblacional impuestos en la región.
La comunidad y organizaciones defensoras de los derechos humanos se encuentran consternadas por el incremento de la violencia contra los líderes sociales en Colombia y exigen al Gobierno y a las autoridades competentes una respuesta contundente y efectiva para garantizar la protección de aquellos que dedican su vida a la defensa de los derechos de sus comunidades.
Alertas tempranas
La situación de riesgo para los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia ha generado preocupación a nivel nacional e internacional. La emisión de la Alerta Temprana 019/23, que pone de manifiesto el escenario de peligro al que se enfrentan estas personas, ha llamado la atención sobre la importancia de garantizar su protección en el país.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la imposición de normas y otras formas de control social por parte de grupos armados representa un riesgo constante de violación de los derechos humanos de la población.
Esta situación se ha convertido en un desafío para aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social, ya sea de manera individual o colectiva, desde diversos ámbitos o sectores.
Dentro de las organizaciones presentes en la zona, se destacan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y otras bandas de carácter local, según señaló Indepaz en su comunicado.
Desde el trágico asesinato de Armando Mosquera Trujillo en el Huila, Colombia ha contabilizado un total de 79 líderes sociales asesinados en lo que va del año 2023, según datos proporcionados por Indepaz.
Además, desde la firma del Acuerdo de Paz, la cifra asciende a un alarmante total de 1.488 líderes sociales asesinados, lo que evidencia la persistencia de esta grave problemática en el país.
Seguimiento a la paz
La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han tomado medidas concretas para abordar la problemática de las Alertas Tempranas en Colombia. Ambas entidades han instalado una comisión de verificación que se encargará de supervisar el cumplimiento de estas alertas en todo el país.
Según informó la Procuraduría, se conformará un equipo especial encargado de evaluar las alertas que han sido desatendidas y de iniciar actuaciones disciplinarias en consecuencia.
En una primera instancia, se revisarán las Alertas Tempranas vigentes y con informe de seguimiento en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá y Huila.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha instalado la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento de la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Comprrat). Esta comisión será responsable de llevar a cabo acciones preventivas y disciplinarias relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas y los informes de seguimiento posteriores.
La Comprrat tendrá como tarea principal observar y vigilar el desarrollo de las alertas emitidas entre 2020 y 2022 que estén vigentes y cuenten con informe de seguimiento. También se ocupará de aquellas alertas que presenten un bajo nivel de cumplimiento frente a las recomendaciones establecidas.
Ante este panorama, la Procuradora Margarita Cabello Blanco anunció la creación de un grupo especial disciplinario que impondrá sanciones en los casos en los que las alertas hayan sido desatendidas.
Estas acciones por parte de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo demuestran un compromiso serio por abordar la problemática de las Alertas Tempranas en Colombia. Se espera que estas medidas contribuyan a fortalecer el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las alertas, así como a garantizar la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
Casos de incumplimiento
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha expresado su preocupación por el alto índice de incumplimiento de las recomendaciones emitidas a través de las Alertas Tempranas.
Según sus declaraciones, aproximadamente el 85 por ciento de estas recomendaciones son desatendidas tanto por el Gobierno Nacional como por los gobiernos territoriales, lo que plantea un panorama alarmante.
Ante estas cifras, la Procuradora General de la Nación ha realizado una advertencia contundente. Se espera que la recién instalada comisión de verificación exija de manera inmediata el cumplimiento de las alertas, realice las observaciones pertinentes y lleve a cabo un seguimiento adecuado.
En caso de no cumplirse con estas medidas, se iniciarán acciones disciplinarias de manera inmediata.
El objetivo fundamental de esta comisión conjunta entre la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría es garantizar que el Sistema de Alertas Tempranas cumpla su función de prevención. Según Camargo Assis, la clave reside en vincular la potestad disciplinaria a estas alertas.
Es fundamental que se tomen medidas concretas y efectivas para abordar el incumplimiento de las Alertas Tempranas. La protección de los territorios y la garantía de los derechos de los ciudadanos deben ser prioridad para el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales.
Instrucciones regionales
Tras la instalación de la comisión de verificación, tanto la Procuradora General como el Defensor del Pueblo han dado instrucciones claras a los procuradores territoriales y defensores regionales para que inicien de inmediato las reuniones mensuales destinadas a evaluar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El objetivo principal de estas reuniones es asegurar que los funcionarios responsables de atender las recomendaciones establecidas en los documentos de advertencia cumplan con sus responsabilidades. De esta manera, se busca prevenir la consumación de los riesgos que puedan afectar a las comunidades.
Es importante destacar que una Alerta Temprana es un instrumento de carácter preventivo emitido por la Defensoría del Pueblo. Este documento de advertencia se dirige a los gobiernos nacional, departamentales y locales con el fin de informar sobre los riesgos que podrían poner en peligro los derechos humanos de una comunidad en particular.
La finalidad de las Alertas Tempranas es brindar una advertencia oportuna sobre posibles situaciones de riesgo y vulneración de derechos.
En este sentido, el Defensor del Pueblo enfatizó la importancia de que los funcionarios encargados del cumplimiento de las recomendaciones actúen diligentemente para evitar que las comunidades enfrenten situaciones de riesgo y violación de sus derechos.
