Según la Defensoría del Pueblo, en el Huila las acciones indirectas o violaciones a los DD:HH y DIH han sido cinco. Mientras que en los departamentos de Nariño se registraron ocho, Antioquia fueron, Putumayo fueron seis, mientras que en el Cauca fueron cinco.
Diario del Huila, Huila
Por: Gloria Camargo
En medio del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno Nacional a comienzos de este año, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, grupos disidentes de las Farc, han llevado a cabo una serie de acciones violentas que han afectado los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Durante el período comprendido entre el 19 de mayo y el 18 de junio de 2023, se registraron un total de 48 acciones indirectas por parte de estos grupos ilegales.
Así quedó establecido en el boletín «Monitoreo defensorial, situación de DD. HH. y DIH, ceses al fuego decretados para tres grupos armados ilegales: Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central de las antiguas Farc y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)», elaborado por la Defensoría del Pueblo.
El documento reveló que a pesar de que solo se presentó un enfrentamiento bélico entre la fuerza pública y el Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente al Estado Mayor Central, en Andes, Nariño, “ambos grupos disidentes continúan su accionar y se enfrentan a otras organizaciones, perpetrando amenazas, homicidios y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otras acciones”.
El organismo añadió que de igual manera se ha podido establecer que “los grupos armados ilegales mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades”.
Persiste la preocupación
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, manifestó su preocupación ante estos hechos, señalando que «en este sexto monitoreo evidenciamos que los grupos armados con los que el Gobierno pactó el cese al fuego bilateral no acatan el Derecho Internacional Humanitario, lo que pone en grave riesgo los derechos, la integridad y la vida de la población civil».
La persistencia de estas acciones violentas por parte de los grupos disidentes de las Farc plantea un desafío para el Gobierno Nacional y pone en tela de juicio la efectividad del cese al fuego.
A pesar de los esfuerzos realizados para alcanzar acuerdos de paz y promover la reintegración de los excombatientes, parece evidente que algunos sectores de estas disidencias continúan comprometidos con la violencia y la ilegalidad.
Entre los puntos que más se destacan está el reclutamiento forzado de menores de edad, que ha sido calificado por la Defensoría como “especialmente alarmante”, ya que vulnera sus derechos fundamentales y perpetúa un ciclo de violencia y conflicto.
Contra los derechos
Durante el período comprendido entre el 19 de mayo y el 18 de junio de 2023, se han registrado numerosas acciones indirectas o violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en diversos departamentos de Colombia.
Los departamentos más afectados por estas violaciones son Nariño, Antioquia, Putumayo, Cauca, Huila, Arauca, Casanare, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Caquetá, Córdoba y Boyacá.
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Estos grupos armados ilegales continúan mostrando interés en expandirse en los territorios y mantener el control territorial y social, lo que genera un aumento en los niveles de violencia y pone en grave riesgo los derechos de las comunidades locales, tal como ha sido señalado por la Defensoría del Pueblo.
El informe de la Defensoría del Pueblo también destaca algunos enfrentamientos ocurridos entre grupos al margen de la ley.
Uno de ellos tuvo lugar entre el Frente 4 de las disidencias de las Farc, en colaboración con el ELN, y el Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia, a finales de mayo. Otro enfrentamiento se registró entre el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN en Silvia, Cauca, el 1 de junio.
Además de estos enfrentamientos directos, se han reportado otras acciones indirectas que también representan una violación a los derechos humanos.
Entre ellas se encuentra el homicidio de un firmante de paz en Vista Hermosa, Meta, el 20 de mayo. También se atribuye al Estado Mayor Central el asesinato de un habitante de la inspección Guacamayas, en San Vicente del Caguán, Caquetá, en esa misma fecha.
Los grupos armados ilegales también han recurrido al uso de artefactos explosivos, la obligación forzada de los pobladores a asistir a reuniones, la instalación de pancartas, la entrega de boletines y el envío de videos con mensajes intimidantes o relacionados con los grupos armados.
“Estas acciones constituyen una clara violación al Derecho Internacional Humanitario y demuestran que a pesar del cese al fuego decretado por el Gobierno Nacional, estos grupos armados ilegales continúan operando y representan una amenaza para la seguridad y los derechos de la población civil”, indicó la entidad.
Monitoreo defensorial
De otro lado, en el Boletín 5, que comprende el periodo del 19 de abril al 18 de mayo, la Defensoría, se presentaron, por lo menos, 17 eventos que comprometen los derechos a la vida, integridad, seguridad y libertad de la población civil. Sobre estos hechos tiene autoría, en su mayor parte, las Facciones disidentes del EMC de las FARC (11 acciones) y a la Segunda Marquetalia (4 acciones).
“Se destaca igualmente que hay hechos contra la población de los que no hay indicios de autoría, pero que se presentaron en las regiones donde operan por lo menos dos grupos que cuentan con decreto de cese al fuego en vigencia”.
Las acciones se concentraron en los departamentos de Caquetá (3), Cauca (3), Nariño (3), Valle del Cauca (1), Arauca (2), Cundinamarca (2), Tolima (1) Meta (1) y Putumayo (1).
No obstante también hay registro de diversas acciones registradas contra la paz en el departamento del Huila, pero en fechas diferentes
Neiva, Tello y Baraya:
Integrantes de las facciones disidentes de las FARC han vuelto a generar preocupación en diferentes regiones de Colombia. Esta vez, el pasado 2 de abril de 2023, distribuyeron un panfleto en el que establecen normas de convivencia, o lo que ellos denominan «orientaciones para el buen vivir de las comunidades». El documento impone medidas estrictas y busca regular diversos aspectos de la vida cotidiana en las zonas bajo su influencia.
Una de las principales disposiciones del panfleto es la obligación de carnetizar a todos los habitantes de estas áreas. Además, se establecen reglas específicas para los visitantes, restringiendo la movilidad durante las horas nocturnas.
Así mismo, se prohíbe el uso del casco para los motociclistas y la utilización de vidrios oscuros o polarizados en los vehículos. Estas medidas buscan, según el documento, garantizar la seguridad y evitar la impunidad en la región.
El panfleto también hace énfasis en la importancia de actividades de ornamentación, arreglo de vías y señalización en las veredas y centros poblados. Además, se ordena la realización de censos por veredas, con el fin de tener un registro preciso de la población.
De igual manera, se prohíbe el expendio y consumo de sustancias psicoactivas, como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en la zona.
Uno de los aspectos más preocupantes de este documento es la institución de un sistema de «segunda instancia» para resolver conflictos.
En caso de que los comités de conciliación de las juntas o veredas no puedan remediar los conflictos, las facciones disidentes asumen el papel de «segunda instancia». Esta medida genera inquietud entre la población, ya que puede implicar una justicia paralela y la consolidación de un poder arbitrario.
El impacto de estas normas fue evidente entre el 3 y el 12 de abril, cuando se citó a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, firmantes del Acuerdo de Paz, integrantes de cooperativas conformadas por excombatientes, líderes comunales y de organizaciones campesinas locales en el municipio de Baraya.
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Durante esta socialización, se señaló al representante legal de la Cooperativa Multiactiva Agropecuaria por la Paz (COOAGROPAZ) como responsable de la presencia de la facción disidente conocida como «Segunda Marquetalia» en la zona.
Estos acontecimientos han generado preocupación y malestar entre la población, que ve amenazada su libertad y la aplicación de las normas establecidas en el Acuerdo de Paz. Además, el 14 de abril, integrantes de estas facciones disidentes dejaron pintas o grafitis en las paredes de las viviendas y la Institución Educativa de San Andrés Tello, así como en la ambulancia de la E.S.E municipal. Este acto vandálico tuvo lugar en el corregimiento de San Andrés, municipio de Tello, lo que evidencia la presencia y la capacidad operativa de estos grupos.
