A solo 26 días de cumplir el primer aniversario de haberse posesionado el presidente Gustavo Petro, la sociedad colombiana está sometida al incremento de los niveles de alteración del orden público, en algunas regiones del país y que el Huila, no se sustrae de este flagelo, que corroe el bienestar de las familias colombianas. Hasta el momento han sido infructuosa la búsqueda de la búsqueda de la paz total promovida por el actual gobierno, a pesar de las sanas intenciones del ejecutivo, con el fin de disminuir la intensidad del creciente conflicto armado que se ha desatado producto de la laxitud que ha tenido para contrarrestar el accionar delincuencial en todo el territorio nacional. El progresivo debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública, ha generado que dichas organizaciones subversivas, estén incrementando su accionar bélico en vastos territorios de la geografía nacional.
Igualmente, la aplicación incoherente de los instrumentos de la política económica en el país, están generando un acelerado empobrecimiento de los sectores poblacionales que los obliga tomar decisiones en la búsqueda de ingresos a través de actividades ilícitas. La inseguridad ciudadana, ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades.
Los hechos terroristas que han sucedido en Algeciras y Neiva demuestran que hemos regresado cinco lustros años atrás, cuando los huilenses tuvimos que soportar el accionar violento de estos delincuentes que sometieron a su voluntad en otrora, a la sociedad huilense. Una fuerte explosión sembró el terror en el barrio la Vorágine en el norte de la ciudad. Alrededor de las 10 de la noche, del domingo anterior, se presentó la detonación de un artefacto explosivo en un establecimiento de comercio ubicado en la carrera 1 con calle 71 A. Como resultado, se generaron daños materiales en estantes y mercancías del lugar resultando lesionada una mujer.
Igual situación se presentó en el municipio de Algeciras, donde la población se encuentra aterrorizada por la presión de las disidencias de la Farc. Hasta los docentes de los establecimientos educativos, han sido objeto de extorsiones. Mientras persistan las condiciones de pauperización que se están presentando en las familias colombianas, están obligando a algunos de los integrantes de estas organizaciones delincuenciales, que, al no tener oportunidades laborales, se dedican a buscar oportunidades en escenarios ilegales, con el fin de encontrar una salida para mejorar temporalmente su calidad de vida y la de sus allegados, mediante la práctica insana de actos ilícitos en el territorio nacional. El aumento de la intensidad del conflicto que vivimos se ha convertido en un efecto dominó adverso para las expectivas del ejecutivo. Diariamente estamos sometidos a la voluntad de la delincuencia, que cada vez es más creciente. Ha sido errada la aplicación de dicha política de debilitamiento con el fin de cumplirle los pactos adquiridos en la Picota durante la jornada electoral.
