Una reclamación académica terminó en la cancelación de matrícula de los estudiantes. Aunque salieron a manifestar más de 60 personas, los sancionados fueron unos pocos. Esta semana hay tutelatón contra la corporación universitaria.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
Esta semana la Corporación Universitaria del Huila-Corhuila- será sujeta de varios requerimientos judiciales (tutelas) por siete estudiantes investigados dentro de un proceso disciplinario donde fueron expulsados de esta institución.
Los hechos iniciaron el 16 de marzo en la sede de Prado Alto de Neiva. Allí, un grupo de más de 60 estudiantes le pidieron a la universidad mejorar los ‘vacíos’ académicos, aclarar la obligatoriedad de ocho niveles del área de inglés, que estando fuera del plan de estudios (pensum) ellos los tienen que pagar cada nivel a $469 mil, según el relato de estudiantes, quienes también se quejaban del alto costo de las matrículas.
Los estudiantes que se acercaron, sabían que en las escaleras de la entrada principal de la universidad en Prado Alto el sindicato había convocado una jornada de protesta por el maltrato administrativo a algunos docentes.
Lo que ocurrió ese día, y de lo cual da cuenta un video es que las puertas de la universidad se cerraron, según como se muestra en el video, y los estudiantes no pudieron ingresar a ver las clases. Los trabajadores tampoco pudieron entrar y salir de este lugar.
Ese día, el rector estaba en la Asamblea General al interior de la universidad (según el relato de algunos involucrados) le pidieron que saliera y hablara con los estudiantes pero finalmente no lo hizo (como se evidencia en un video).
Al día siguiente nuevamente se acercaron a la universidad a manifestarse, esta vez en la sede del barrio Quirinal. La Policía ingresó a la universidad y les advirtió que las universidades públicas y privadas estaban en paro, por eso se cerraron. “Yo les dije que no, que eso no era verdad. Entonces los policías, manifestaron que los dejaran pasar que el rector los había llamado”, dijo una estudiante que ese día estuvo en el lugar.
Entre las 9.35 y las 10.00 de la mañana pusieron unas cintas al frente de la puerta principal de la universidad en la sede Quirinal. Pese a esto las personas tuvieron ingreso como se evidencia en algunos videos de la universidad, donde, incluso, hasta ingresa una persona de la tercera edad, integrante del Consejo Superior.
Ese día, según relatan algunos denunciantes, no estaba el decano de la Facultad de Veterinaria, Eduardo Castillo Losada, quien fue el que inició el proceso disciplinario. “Si él se enteró de lo sucedido fue por los videos o porque le contaron, pero él no estuvo”, relataron. Este medio de comunicación intentó comunicarse con el decano, pero no obtuvo respuesta.
El proceso disciplinario
Tras estos hechos, la universidad Corhuila el 13 de abril les notificó a ocho estudiantes que iba a ser investigados disciplinariamente por haber incurrido en una conducta gravísima.
Así fue. Los investigaron y rápidamente los sancionaron con la cancelación de la matrícula. Según las consideraciones de la primera instancia aquel 17 de octubre se adelantaron una serie múltiple de “actos orientados a alterar el normal funcionamiento académico y administrativo de la Corporación, en momentos en que los estudiantes de todos los programas recibían sus clases y los trabajadores de las áreas administrativas desarrollaban sus tareas cotidianas, alterando así la tranquilidad y el orden de la comunidad, eventos que incluso llegaron a poner en riesgo la confiabilidad de instrumentos ideados para la seguridad y prevención de emergencias al interior de la institución como que activaron indiscriminadamente la alarma contra incendios, generando pánico en todo el personal”.
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Lo cierto fue que a los estudiantes se les endilgó frases injuriosas (como esta “La plata [En la CORHUILA] no alcanzaba porque ellos se la robaban”), como también por obstruir el ingreso y salida de personal; obstaculizar el libre desarrollo académico, generar conductas que lesionen la libertad, honra y buen nombre de las personas.
“Estos cargos no son ciertos: por la puerta principal entraron las personas, la abrían y la cerraban, y por la parte del parqueadero siempre estuvo habilitada. Los docentes siguieron con sus clases normalmente”, es más en unas conversaciones de chat se evidencia que los docentes siguieron las clases en normalidad.
“En la apelación y descargos nos defendimos, y aun así dijeron que la decisión final era expulsar a cuatro estudiantes de forma definitiva, lo que significa cancelación de matrícula. Apoyamos la protesta, pero no hicimos lo que se nos dice que hicimos”, recalcó uno de los afectados con la medida.
Luego de la primera instancia hicieron un plantón. Apoyados por la CUT y profesores del sindicato.
La segunda instancia
El 25 de julio se reunió el Consejo Académico con el fin de resolver los recursos de apelación de siete de ocho estudiantes involucrados en el proceso disciplinario.
De acuerdo con el Acta 531, el rector se declaró impedido para actuar, manifestando que él había tenido conocimiento previamente de los informes “y fue él quien los trasladó a las áreas correspondientes para su trámite”.
Así inició la reunión del Consejo Académico con el propósito de debatir la permanencia o no de los estudiantes en la institución. Dentro de las consideraciones de la segunda instancia donde se resolvió este recurso, se señala lo siguiente: “se identifica e individualiza plenamente al señor Oscar Alberto Escobar Celis como sujeto activo de posibles actos de agresión en contra de la Ingeniera Nathalia Cruz, en su calidad de Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien recibe por parte de éste ataques físicos y verbales, las cuales se materializan durante la entrada abrupta en el área de Dirección Administrativa de la Corporación, tal y como obra en registros videograbados, y en los informes de incidente emitidos el día 22 de marzo de 2023 por la Jefe de Servicios Generales de Corhuila, Claudia Lucia Salinas Amézquita”.
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Aunque los estudiantes consideran que hay una violación directa al debido proceso, igualdad y libertad para protestar pacíficamente, para la universidad esta violación no existe: “en virtud de lo anterior, el Consejo Académico previa revisión de los presupuestos, alcance de la normatividad, y advirtiéndose que las decisiones fueron tomadas en Consejo de Facultad en pleno y por unanimidad, no evidencia una violación al debido proceso, por el contrario, existe suficiente material probatorio que acredita que durante todo el proceso disciplinario se brinde garantía constante y congruente a los disciplinados para el ejercicio su derecho de defensa y controversia de la prueba”.
El Consejo Académico, luego de advertir el derecho a la protesta, señaló que “los estudiantes involucrados participaciparon activamente en la ejecución de actividades de alteración, interrupción, obstaculización de las labores académicas y administrativas de la institución, situación que no puede obviar este Órgano Colegiado”.
De acuerdo con el Acta 531 del Consejo Académico (25 de julio de 2023), se tienen como posibles faltas establecidas en el Reglamento Estudiantil:
a) Obstaculizar el normal funcionamiento académico y administrativo de la institucicón
b) Obstaculizar el libre acceso a cualquier dependencia de la institución
c) La generación de conductas que lesionan la libertad, la honra, la seguridad, la integridad personal, el buen nombre, el honor y la intimidad
d) Agresión física, verbal o sicológica en forma directa o indirecta a cualquier integrante de la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA.
e) La Amenaza, coacción o intimidación verbal o sicológica en forma directa o indirecta a cualquier integrante de la Corporación Universitaria del Huila, CORHUILA.
