Una fuente extraoficial, indicó que algunas personas se aprovechan de su condición de reservistas para hacer este tipo de actividades y se desconoce el manejo que le dan al dinero. No se sabe si lo invierten en el bienestar para los heridos, pero no tienen ningún vínculo con el Ejército.
Este hecho se viene presentando en las veredas y casco urbano del municipio de Timaná, occidente del departamento.
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La denuncia
La declaración de esta situación la dio a conocer, Marco Adrián Artunduaga, alcalde del municipio de Timaná: “venimos recepcionando una denuncia de la comunidad, quienes señalan que unas personas van a las veredas y barrios, haciéndose pasar por miembros de la Reserva del Ejército, además están solicitando la compra de un bono de $200.000”.
Al parecer, los sujetos toman una actitud engañosa y a veces hasta grosera con los presidentes de las juntas.
“Llama la atención es que los sujetos tiene datos fijos de las personas, presidentes de las juntas, nombres de los funcionarios de la Alcaldía”, por eso el mandatario dio a conocer el proceder de los sujetos e indicó que ellos no tienen nada que ver con la Administración Municipal.
Se espera que las autoridades policiales y judiciales, aclaren este hecho para que personas incautas, no caigan en la compra de estas boletas.
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Las llamadas ‘carcelarias’
Asimismo, el burgomaestre agregó que otra problemática que tiene esta comunidad, son las continuas llamadas telefónicas que le hacen a la población, donde le piden la consignación de un dinero, con el argumento que un familiar ha sido detenido y para no procesarlo, deben conseguir la plata.
Los sujetos también se hacen pasar por disidentes de las Farc, con el fin de generar miedo en las víctimas.
Ya las autoridades policiales y militares se encuentran investigando el hecho con el fin de dar con los responsables e indicaron que la mayoría de las llamadas la hacen desde las cárceles, por eso la invitación es a no caer en la ‘trampa’ e informar al Gaula del Ejército o Policía de manera oportuna.
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Las extorsiones
En cuanto al tema de las extorsiones, Andrés Mauricio Muñoz, secretario de Gobierno del Huila destacó: “por eso también le pedimos al Gobierno Nacional, mejorar la política carcelaria, pues el 60% de las extorsiones, se adelantan desde las penitenciarías del país. Hay herramientas tecnológicas que se pueden conseguir e instalar, para que no salgan las llamadas telefónicas desde los penales”.
Asimismo, agregó que se ha invertido cerca de $17.000.000 .000 en cámaras de seguridad, vehículos y otras herramientas para que las instituciones adelanten su trabajo.
Al respecto, el diputado Carlos Ramiro Chavarro, manifestó en cuanto a esta actividad ilícita. “En el Huila en el 2022, hubo 74 procesos de extorsión, y a julio del año en curso, van 114 hechos. Sí se mantiene este rumbo vamos a tener cerca de 200 casos de exigencias económicas en la región y resulta que no pasa nada”.
El político, señaló que según fuentes oficiales, ha visto como se ha incrementado en un 54% la extorsión en el departamento y vieron en el sector de Gallego, como los sujetos le estarían haciendo exigencias económicas a los comerciantes y agricultores.
