La sociedad colombiana debemos acostumbrarnos durante el presente cuatrienio a las protestas sociales, que fueron promovidos por los sectores políticos de izquierda que respaldaron la llegada del presidente Gustavo Petro Urrego a la presidencia de la república, utilizando la estrategia del todo vale. Pero las comunidades y algunos sectores gremiales de la producción se han acostumbrado a los taponamientos de los principales corredores viales en el país. Es desesperante transitarlas y encontrar en cualquier sitio una docena de personas que colocan un lazo a lado y lado de la vía, exigiendo la presencia del presidente y de todos los ministros para instaurar una mesa de trabajo para buscar soluciones a sus problemáticas. La falta de autoridad y de gobernabilidad de este gobierno del cambio que apenas cumplió su primer año de mandato, ha venido diezmando paulatinamente la credibilidad en su accionar gubernamental.
Fueron muchas las promesas electoreras que el constituyente primario escuchó durante las jornadas previas a éstas. Fueron muchas las expectativas que se generaron en la mente de los sufragantes. Ahora que están en el poder, no han podido iniciar con lo propuesto, porque las condiciones fiscales no lo han permitido y el foco de sus accionar gubernamental, están dirigidas a buscar la financiación para que las organizaciones criminales dejen de matar. Es un sofisma de distracción para evadir la solución a las grandes problemáticas sociales, económicas e infraestructura y demás, que están diezmando progresivamente el bienestar general de la población colombiana. Al cierre de julio del 2023 van más de 420 bloqueos en las vías por parte de las comunidades. Se han perdido 6.420 horas que representan más de 15 mil millones de pesos para el sector de camioneros en el país.