El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, detalló los pormenores del plan Decenal que busca nacionalizar el sistema penitenciario en Colombia con el objetivo de mejorar la eficiencia en la custodia de los más de 130.000 internos que actualmente se encuentran en las cárceles del país.
El ministro Osuna destacó la importancia de esta iniciativa que va más allá del actual gobierno, planteando la necesidad de nacionalizar el sistema penitenciario para garantizar una gestión más efectiva. Según explicó, actualmente alrededor de 100.000 reclusos están bajo la responsabilidad de entidades nacionales como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Por su parte, alrededor de 30.000 reclusos están a cargo de municipios, muchos de los cuales carecen de instalaciones adecuadas, utilizando estaciones de Policía para albergarlos.
Osuna enfatizó que la solución a medio plazo es nacionalizar completamente el sistema, permitiendo a la nación asumir la responsabilidad de todos los reclusos, tanto de los 100.000 bajo custodia nacional como de los 30.000 a cargo de los municipios. Además, resaltó la importancia de brindar instalaciones adecuadas y condiciones de seguridad a los internos, y señaló que esta transformación permitirá a la Policía regresar a su función principal de proteger a la ciudadanía.
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En cuanto a la dotación de personal de custodia, el ministro indicó que actualmente hay alrededor de 15.000 guardianes penitenciarios en Colombia. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones, debería haber alrededor de 30.000 guardianes para mantener una proporción adecuada entre el número de reclusos y guardianes. Para lograrlo, se planea aumentar gradualmente el número de guardianes, llegando a alrededor de 18.000 para 2024 y posiblemente hasta 22.000 en el futuro, dentro de los próximos 10 años.
Osuna resaltó que para mejorar la seguridad y la posibilidad de resocialización en las cárceles, es necesario alcanzar una proporción de un guardián por cada 10 personas privadas de la libertad, en comparación con la actual relación de uno por cada 17.
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