Con una voz de alarma, la Procuraduría General de la Nación ha emitido una preocupante alerta sobre el aumento significativo de trastornos mentales y alteraciones en la salud mental que están afectando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia.
Los síntomas de depresión, ansiedad y trastornos de comportamiento están en aumento, lo que a su vez contribuye al consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, intentos de suicidio y casos de suicidio consumado en el país.
En un informe elaborado por el ente de control, se revela que en el primer semestre de 2023 se registraron 1.540 casos de suicidio en el país, de los cuales 479 corresponden a jóvenes, 142 a adolescentes y 1 a infantes. El año anterior, en 2022, Colombia reportó un total de 2.835 suicidios, con 936 casos de jóvenes, 312 de adolescentes y 3 de niños.
El informe también señala que los jóvenes de 17 a 24 años son la franja de edad con mayor índice de problemas de salud mental, seguidos por los adolescentes de 12 a 16 años y la población infantil de 6 a 11 años. Se destaca que factores determinantes como la violencia en diversos contextos, incluyendo la intrafamiliar, el acoso escolar, el consumo de drogas, el ciberacoso y el reclutamiento por parte de grupos armados, juegan un papel fundamental en la ideación y conducta suicida en estos grupos.
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El informe también subraya que existen barreras importantes para el acceso a servicios de salud mental, como la falta de capacidad instalada, la carencia de profesionales especializados en salud mental en los territorios y el estigma asociado a buscar ayuda especializada. Además, se resalta que el abordaje desde el entorno familiar es insuficiente o nulo.
Ante esta preocupante situación, la Procuraduría, a través de su Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, ha emitido recomendaciones a las entidades competentes. Se hace un llamado al sector salud para priorizar las consultas de psicología y psiquiatría sin la necesidad de una consulta previa con médico general.
También se exhorta a las entidades territoriales, especialmente a las secretarías de salud y educación, para que revisen la asignación de recursos destinados a la prevención y atención en salud mental, el fortalecimiento familiar y la promoción de la convivencia escolar.
