Alfonso Vélez Jaramillo
Si Rodrigo Armando Lara Sánchez, tuviera responsabilidad y la certeza de no estar inhabilitado para ser candidato a la Gobernación del Huila este año, hacía rato había pedido un concepto al Consejo Nacional Electoral, CNE, para aclarar su situación, de una vez por todas.
Un escenario que está causándole un daño grave a la sociedad huilense, al Departamento del Huila, al mismo sistema electoral y a la democracia colombiana.
Niega su inhabilidad, como lo harían muchas personas para evadir su compromiso, pero no presentó pruebas jurídicas ni fue preciso, ¡tengo la certeza!, lo dice él, pero la ley explica lo contrario.
Se infiere que no ha solicitado este concepto por las evidencias y pruebas certeras que existen sobre su inhabilidad.
Además, es evidente el temor de que la inscripción de su candidatura no aguante la primera revisión y sea anulada en el primer examen hecho por la máxima corporación electoral de Colombia, el CNE.
Doctor Lara, clarifique su situación, sea sincero y solicítele al Consejo Nacional Electoral CNE, que conceptúe como autoridad o certifique si usted está inhabilitando o no como candidato a la gobernación del Huila.
Exprésele honradamente al CNE que hasta el mes pasado estaban pagándole a través del Sindicato de Gremio ANESMEDIC, con personería jurídica No. 033 del 30 de agosto de 2011 del Ministerio de la Protección Social (interpuesta persona) 30 millones de pesos mensuales por su trabajo, o sea no lo hacía gratis, es para para su propio interés, al servicio del Hospital Universitario de Neiva, de propiedad de la gobernación.
Existen normas disciplinarias taxativas y concretas e incluso penales contra los candidatos, las entidades electorales y los partidos, por fraude al sufragante mediante maniobra engañosa en determinado sentido y en cualquier tipo de elección y con esto no se puede jugar.
En términos jurídicos la opinión es que Lara está inmerso en el régimen de inhabilidades, según el nuevo Código Departamental que instituyó el funcionamiento de esas entidades territoriales.
Lara, en sus discursos y entrevistas se victimiza, distrae pregonando una campaña de desprestigio en su contra. No señor, el doctor Lara, no es nuevo en la actividad política, lleva cinco elecciones, una elección que perdió para senado, dos por la alcaldía, una para la vicepresidencia y la de ahora.
Si desacreditarlo es escribir que no es secreto, que salta de partido en partido sin tener en cuenta sus principios, miren: Primero, estuvo en el verde, pidió pista en el pacto histórico, luego con Fico y el uribismo, más tarde con Rodolfo y ahora otra vez con Fico de Medellín y regresó de nuevo con el verde y Rodolfo Hernández y el verde en menos dos años, su inseguridad genera inseguridad y la ciudadanía necesita saberlo.
Repito: la Ley 2200 de febrero de 2022, prescribe la inhabilidad de manera taxativa y concreta, en su ARTÍCULO 111. las Inhabilidades de los Gobernadores. “No podrá ser inscrito como candidato, elegido o designado como gobernador:
Numeral 9º, Quien, haya celebrado en los 12 meses anteriores a la elección de la candidatura, en su interés particular (recibe 30 millones cada mes) por sí o por interpuesta persona o en representación de otro, contrato alguno con el respectivo departamento, con sus entidades públicas o privadas que manejen o administren recursos públicos provenientes del mismo…”
Es más concreto el PARÁGRAFO. “Interprétese para todos sus efectos, que las inhabilidades descritas en el presente Artículo se refieren al departamento como entidad pública y sus institutos o entidades descentralizadas, que funcionan en el respectivo territorio o ejercen competencias que involucran al respectivo ente territorial”.
Sobre este tenor, el Hospital Universitario de Neiva es una entidad descentralizada de la gobernación, por tanto, es claro, Lara está inhabilitado para ser candidato, es muy fácil entenderlo, cualquier persona puede corroborar lo que en esta columna estoy exponiendo.
Los 30 millones que recibe Lara cada mes del (hospital o) Departamento, le crea este año la inhabilidad constitucional y legal, entre otras, cuyo objetivo primordial es lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, sin importar la profesión u oficio, de acuerdo con la Corte Suprema.
