Cuando se posesionó el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego como primer mandatario de los colombianos, la sociedad colombiana respiraba tranquilo porque se terminaban las oleadas de protestas sociales que tuvieron en ascuas la tranquilidad y el bienestar general de las familias colombianas, que se convirtieron en la principal estrategia para lograr el triunfo electoral que lo catapultó para obtener este objetivo. Pero transcurridos un año y 23 días, de su accionar gubernamental, la situación de orden público se ha vuelto en un verdadero dolor de cabeza para todos colombianos, porque no ha correspondido con sus expectativas y las promesas electorales a todos sus votantes que fueron convencidos para lograr el cambio de las costumbres políticas en el país y para mejorar el nivel de vida de todos los habitantes. Transcurrido este corto periodo, el club de arrepentidos es cada vez mayor. Dia tras día están recibiendo más adhesiones.
Su gobierno no ha cumplido con todas sus expectativas. Sus permanentes mensajes que expresa el ejecutivo en los diferentes escenarios y trinos a que nos tienen acostumbrados, se han convertido en la más grande desilusión del constituyente primario que lo eligió. Un orden público desbordado, creciente inseguridad, debilitamiento de la Fuerza Pública y del Ejército, atracos, hurtos, boleteo, vacunas, corrupción, aumento del narcotráfico, taponamientos, marchas, bloqueos de las vías, paros, disminución de la dinámica productiva del país, entre otras, manifestaciones que están generando una oleada de protestas por todo el territorio colombiano.
Hoy saldrán a protestar los maestros por las principales vías de la ciudad de Neiva, porque el servicio del PAE y del transporte escolar se está prestando de manera deficiente, porque la alcaldía de Neiva no ha vuelto a recibir las transferencias del gobierno nacional para atender estos programas de los que eran sus principales aliados, impidiendo que se cumplan esta política pública, básica para brindarles una mejor atención alimentaria y transporte a sus instituciones educativas. No hay derecho que en el gobierno del cambio hayan decidido tomar estas decisiones unilaterales de no apoyar esta labor que permite mejorar los niveles de educación de nuestros menores de edad,
Si el gobierno nacional, está reuniendo desesperadamente los recursos para pagarles un millón de pesos a todos los delincuentes para que no maten y cometan actos que atenten contra el bienestar de las familias colombiana, caso único en el mundo, también deben buscar con afán los recursos para transferirlos a los entes territoriales para cumplir con esta misión social. No queremos hacer oposición al gobierno nacional. Simplemente nos solidarizamos con este justo reclamo de los docentes que exigen para que se les presten estos servicios a sus estudiantes. Si hay plata para atender el aumento de la fronda burocrática del Estado y satisfacer sus vanidades y arrogancias, también debe haber recursos para la educación.
