A dos docentes que fueron víctimas de intimidaciones, los trasladaron a otras localidades con el fin de salvaguardar su integridad y que puedan continuar laborando. En ambos casos, los profesores los contactan hombres que dicen pertenecer a la Segunda Marquetalia, donde les indican que les dan un plazo de 48 horas para salir de las localidades.
Los ‘armados’ han hecho advertencias y situaciones de orden público, donde los afectados son los educadores de los municipios de La Plata, Tesalia, Íquira, Paicol, Algeciras, Colombia, Tello, Baraya y Villavieja.
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Casos graves
En este aspecto, Tania Beatriz Peñafiel, secretaría de Educación del Huila, expresó: “en ambos casos, ya ha pasado de instrucciones grupales a amenazas, lo que genera temor e incertidumbre. Tenemos dos situaciones, una en Algeciras y el segundo caso en La Argentina, lo que conllevó a que reubicáramos a los profesor en otras localidades, para que continuaran laborando y se les abrió la ruta de protección”.
A las víctimas, las contactan por hombres que dicen ser de la Segunda Marquetalia, donde les indican que les dan un plazo de 48 horas para salir de las localidades. Hasta el momento, no se tiene conocimiento la causa de las intimidaciones, pero los alcanzan los alzados en armas en sus propias residencias.
En cuanto al caso de lo vivido por un profesor en La Argentina, se conoció que el educador, se movilizaba en una camioneta, se encontró con hombres armados, quienes lo intimidaron, lo bajaron del vehículo y lo amenazaron. El maestro, llevaba siete años laborando en la zona.
Asimismo, se conoció que los casos, ya fueron puestos en conocimiento ante las autoridades policiales y judiciales.
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Corte Constitucional y caso de amenaza
En estos casos, la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud y a la unidad familiar de una docente y sus dos hijos menores de edad, debido a que la accionante promovió una acción de tutela contra las secretarías de educación de dos municipios, luego de que ambas entidades se negarán a autorizar su traslado hacia un municipio diferente, con el fin de salvaguardar sus derechos, como consecuencia de las amenazas y hostigamientos, que se encontraba recibiendo por parte de miembros de las disidencias de las FARC-EP, luego de oponerse al reclutamiento forzado de uno de sus hijos.
Por esta situación, la Sala Novena de Revisión, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, resolvió analizar, sí las Secretarías accionadas vulneraron los derechos invocados por la docente, al no acceder a su petición de traslado, sin tener en cuenta el contexto de violencia del municipio en el que laboraba y las amenazas constantes de las cuales era víctima.
Debido al traslado de su hijo hacia otro lugar, las intimidaciones en contra de la educadora, se agudizaron por parte del grupo armado disidente, quienes preguntaban por el paradero del menor y le exigían que debía irse del municipio donde laboraba.
De conformidad con ello, este Tribunal concluyó que la negativa de las Secretarías de Educación, de autorizar el traslado de la educadora hacia otro municipio, sin atender en debida forma la existencia de las amenazas en su contra, por parte de un grupo armado ilegal, no solo constituyó una vulneración de los derechos a la vida digna, a la integridad personal y a la salud a nivel psicológico de la accionante; sino que, además, se evidenció que sus dos hijos menores de edad enfrentaban un riesgo de afectación psicológica, debido a la ausencia de su madre en el hogar, por lo que la Sala, también resolvió amparar los derechos a la vida digna, a la salud y a la unidad familiar de los hijos de la actora, decisión que también responde a la necesidad de proteger la condición de madre cabeza de familia de esta última.
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Panorama nacional de los educandos
Según el estudio “Escuelas de Guerra: Otras Víctimas del Conflicto” publicado en el portal Rutas del Conflicto, “ha habido 331 ataques violentos o ataques a Instituciones Educativas por parte de guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas desde 1990 hasta 2020”.
Por su parte, el Sindicato de Educadores de Santander, SES, denunció en junio de este año, que son cerca de 50 maestros los amenazados en territorio santandereano. Marylín Rodríguez Pinzón, presidenta del Sindicato de Educadores de Santander, denunció. “Este año hemos atendido muchos maestros en busca de ayuda y asesoría frente a las amenazas de las cuales son víctimas.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo en Antioquia, advirtió amenazas contra 32 maestros del departamento. Los docentes se han negado a entregar niños para ser reclutados por bandas criminales.
Advertencias grupales
Volviendo al panorama local, los docentes han tenido que adaptarse a las ‘reglas’ impuestas por los disidentes, para no tener inconvenientes. Así lo señaló la secretaria de Educación Departamental: “ellos deben cumplir con una serie de instrucciones, como no usar cascos, ni objetos que les cubran el rostro, cumplir con los horarios para transitar, los hombres no pueden usar barba, deben cargar los documentos de identificación. Hechos que sin duda generan temor e incertidumbre”.
Y según informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), “persiste la obligatoriedad de afiliación a las Juntas de Acción Comunal (JAC), la participación en actividades comunitarias y la carnetización de la población. Esta última la corroboran Grupos Armados Ilegales en puestos de control para identificar y limitar a quien transita por el área rural. Bajo esta misma lógica, es frecuente que, a personas foráneas, instituciones del Estado, organizaciones internacionales y no gubernamentales que pretenden ingresar a algunos territorios se les requiera tramitar una autorización, indicando en ocasiones el nombre, placa del medio de transporte y número de ocupantes”.
A través de estas acciones los (GAI), evidencian su poder y buscan aceptación por parte de las comunidades, aprovechando la debilidad de las instituciones en la prestación de servicios públicos, y en la regulación de asuntos inherentes a la convivencia ciudadana, a las relaciones personales y a los ámbitos administrativo, penal, civil, medioambiental, entre otros.
