Por: Carlos Tobar
Desde 1994, año en que se expidió la ley 142 de servicios públicos, a la sombra de la cual se han privatizado de manera progresiva los domiciliarios principales: energía (eléctrica y gas), agua potable (acueducto y alcantarillado) y comunicaciones, se han hecho modificaciones sutiles a la regulación para avanzar hacia la privatización de los llamados servicios “menores”: aseo, alumbrado público y últimamente la actualización y cobro del impuesto predial.
Si ya es un problema grave el incremento desmedido de las tarifas de energía y agua potable que, pesan fuertemente en los limitados ingresos de los colombianos, estos últimos son proporcionalmente más gravosos.
Como son servicios que se prestan localmente por las municipalidades, sin una regulación y vigilancia fuerte por las comisiones reguladoras y la Superintendencia de Servicios Públicos, los socios ‘privados’ que han inducido una normatividad permisiva desde el Congreso de la República y los entes reguladores, abusan de manera desmedida.
A la sombra de esos controles laxos, desde la década de los noventa del siglo pasado, entraron a saco, primero en el alumbrado público y el servicio de aseo. Empezaron en poblaciones intermedias, pasaron a ciudades capitales y, después se volvieron una plaga en todo el territorio nacional.
Una verdadera mafia de contratistas de este tipo de servicios (‘inversionistas’ nacionales y extranjeros) ha ido tomando el control de la prestación de los servicios con contratos de concesión o sociedades mixtas, donde el privado, por regla general, se reserva la administración del servicio.
En el Huila desde el comienzo hemos tenido negras experiencias. El más emblemático el contrato de concesión con Diselecsa, de los hermanos Merlano (uno de los miembros del cartel), que estafó a los neivanos por 20 años, sin que hubiera poder legal posible para controlarlos. Posteriormente, en Neiva se entregó la concesión del servicio de aseo a Ciudad Limpia, en el gobierno de Pedro Suárez; un contrato leonino en el que pagamos altas tarifas y perdemos cifras millonarias.
Hoy esa situación la sufre nuevamente la ciudad capital, bajo el gobierno de Gorky Muñoz, con la “sociedad” de alumbrado público por 15 años, prorrogables (otra vez, como que al perro si se lo puede capar dos veces), extensiva al manejo de la actualización y cobro del predial (ojo, el manejo por un particular de la información más sensible de los ciudadanos: su propiedad de tierras y mejoras urbanas y rurales).
No se pueden dejar de mencionar situaciones anómalas con graves perjuicios en contratos de aseo en Garzón y Pitalito que, tienen a los ciudadanos muy molestos por las tarifas abusivas que están cobrando.
Esta situación explosiva se ha convertido en una olla de presión que amenaza estallar por el creciente malestar ciudadano. Es hora de que el Congreso de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos le metan mano a una legislación perversa e inaceptable que, permite este tipo de abusos.
Neiva, 11 de septiembre de 2023
