A pesar de la intermediación del gobierno nacional para lograr un acuerdo concertado entre las Centrales Obreras y los gremios de la producción, no se ha podido definir el incremento del salario mínimo legal mensual que regirá a partir del primero de enero próximo. Han sido intensas jornadas de diálogos, donde las partes han planteado sus propuestas para buscar un consenso. Continua la posición inicial de las centrales obreras, representadas por la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y la CGT (Confederación General de Trabajadores), principalmente, que el salario mínimo, incluyendo el ingreso y el auxilio de transporte, llegue a 1 millón de pesos. Lo anterior representaría una recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora en Colombia.
A la fecha se han presentado aspectos discordantes sobre el incremento porcentual de los indicadores de la tasa de inflación que, de acuerdo con las tendencias esbozadas por el Dane, no superaría el 2% y la productividad tendría un nivel superior al -6%. Cada una de las partes siguen anclada en sus posiciones. No pueden existir inamovibles. Hay que seguir persistiendo para evitar que el Estado lo dictamine por Decreto antes del 31 de diciembre, con acuerdo o sin acuerdo.
Más de $100.000 separan a los gremios y las centrales obreras para fijar el alza del salario mínimo, un monto que presagia un eventual decreto gubernamental que zanje la discusión. Los gremios económicos que representan a los empresarios propusieron un alza del salario mínimo para 2021 de 2%, que elevaría la paga mínima mensual a $895.359, es decir, un aumento de $17.556, unos $585 diarios. Entre tanto, las centrales obreras que representan la otra cara de la moneda, a los sindicatos, tienen en la cabeza 13,6% de alza que elevaría el mínimo a más de $1 millón sin contar con el subsidio de conectividad que remplaza al transporte que también tendría un incremento similar.
Pero las negociaciones no marchan por buen camino y cada vez surgen nuevos puntos de desencuentro entre las partes, como son mezclar la situación de recesión por la que atraviesa la economía, el galopante desempleo que aqueja a casi cinco millones de personas, la informalidad que abarca a 49% de los empleados y la pobreza que experimentan algunas familias derivada de la situación de pandemia, o de todas las anteriores.
Actualmente como se está presentando las discusiones entre estos actores, es muy probable que el alza salarial nuevamente se haga por decreto, pues poner a las partes de acuerdo es una tarea que lleva discusiones y más tiempo de debate y eso es lo único que no se tiene, dado que el nuevo mínimo debe entrar en vigor en 17 días.
