En lo que va del año, se han registrado varios homicidios de pescadores artesanales del Huila.
Recientemente la Defensoría del Pueblo lideró una mesa interinstitucional en Gigante, Huila, con el propósito de abordar la creciente problemática que afecta a la población pesquera en la región.
Esta reunión reunió a entidades nacionales y territoriales, así como a pescadores artesanales del departamento.
En lo que va del año, se han registrado varios homicidios de pescadores artesanales del Huila, con seis muertes reportadas desde abril hasta agosto. Además, ha habido un atentado contra un representante del sector y presuntas amenazas y hostigamientos contra la población. Estos eventos están bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades competentes a abordar esta situación y a implementar planes concretos para proteger la vida y los derechos de las comunidades afectadas.
Durante la reunión, diversas entidades de la Defensoría del Pueblo escucharon y abordaron las preocupaciones de las comunidades, examinando las diferentes situaciones que podrían constituir una vulneración de los derechos de la población.
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Representantes de organizaciones como la Confederación Red Nacional de Mujeres del Sector Pesquero – Acuícola, Defensoras del Agua y la Cultura (Renampues) y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo) expresaron sus preocupaciones y destacaron la violación de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la familia, el trabajo y la salud, tanto para los asociados como para los miembros y grupos familiares de la comunidad pesquera del departamento.
Los pescadores artesanales también señalaron que, a pesar de haber expuesto su situación en varios espacios previos, no han recibido respuestas de las entidades a nivel nacional ni territorial.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades correspondientes a atender las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes y a trabajar en conjunto para establecer rutas de atención que aborden las problemáticas identificadas, con el objetivo de garantizar y proteger los derechos humanos de la población pesquera huilense.
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