A medida que se acerca la apertura de la mesa de diálogo programada para el 8 de octubre, las autoridades policiales en el Huila han optado por intensificar las medidas de seguridad. Este enfoque busca prevenir posibles acciones terroristas en el contexto de la transición hacia el cese al fuego.
Diario del Huila, Panorama
En un importante paso hacia la búsqueda de la paz en Colombia, se ha anunciado la fecha de la tan esperada mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central. El evento histórico está programado para el próximo 8 de octubre en Tibú, en la región del Catatumbo.
Lo más destacado de esta mesa de diálogo es la expectativa de lograr un cese al fuego bilateral que tendría una duración de 10 meses. Este acuerdo representaría un avance significativo en la reducción de la violencia en el país y abriría la puerta a un proceso de paz más sólido.
Sin embargo, mientras se acerca la fecha de este crucial encuentro, las autoridades en el departamento del Huila han intensificado sus estrategias de seguridad. El motivo principal es la protección de la ciudadanía y de sus fuerzas de seguridad ante posibles acciones terroristas que podrían ocurrir en medio de la transición hacia el cese al fuego.
El coronel Gustavo Adolfo Camargo Romero, comandante del Departamento de Policía Huila, destacó la importancia de mantener una seguridad reforzada en la región debido a su ubicación geográfica cercana a zonas de conflicto. “Nuestro departamento colinda con el Cauca. Esta ubicación geográfica aumenta la importancia de mantener una seguridad reforzada en la región durante este período crucial”.
Según el alto oficial, se mantiene una vigilancia constante en las zonas limítrofes, donde los efectivos trabajan incansablemente para garantizar la seguridad de la comunidad. Esta labor implica una exhaustiva revisión de personas, el monitoreo de movimientos sospechosos y la detección de vehículos fuera de lo común. Además, se ha implementado una custodia permanente en las estaciones de policía para que los agentes estén en máxima alerta ante cualquier actividad inusual.
“En este momento, los municipios que se encuentran en una situación de mayor alerta son aquellos que limitan con el Caquetá, como Algeciras y Garzón, así como los ubicados en los límites con el Cauca, como La Plata, La Argentina y Nátaga, donde lamentablemente hemos experimentado incidentes relacionados con el terrorismo. También estamos atentos a la situación en el norte del departamento, en los municipios que colindan con el Tolima, como Santamaría, Colombia, Tello y Baraya. Sin embargo, nuestra presencia y esfuerzos de seguridad se extienden a otros municipios de la región”, explicó Camargo Romero.
En la misma línea, señaló que, de cara a las próximas elecciones, se han intensificado los esfuerzos y se ha reforzado el contingente de fuerzas. Se prevé la incorporación de 200 efectivos adicionales que se sumarán a los dispositivos de seguridad existentes con el fin de asegurar la protección de la jornada electoral y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. El compromiso radica en preservar la paz y la tranquilidad en la comunidad, especialmente en momentos tan significativos como los eventos electorales.
Un ansiado alto el fuego
Johanna Paola Torres Pedraza, la coordinadora del proyecto comunitario para la paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), subrayó la trascendental importancia del proceso de paz en curso entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según Torres, este proceso busca establecer un marco de diálogo con la facción disidente más numerosa del país, que, hasta el año 2023, cuenta con aproximadamente 3,480 personas, de las cuales 2,149 están armadas y 1,331 forman parte de las redes de apoyo de este grupo. Además, esta disidencia tiene presencia en 22 departamentos y opera en 166 municipios, lo que resalta la magnitud de su influencia territorial.
El cronograma de actividades establece que desde ayer y hasta el 8 de octubre próximo se realizarán ajustes en los protocolos pendientes para dar inicio al proceso, así como en los lineamientos generales de la agenda temática, la metodología y la itinerancia de la mesa.
En la reunión del pasado 2 de septiembre, ambas partes acordaron la definición de ocho misiones humanitarias que se llevarán a cabo en igual número de regiones del país, incluyendo Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Putumayo y el sur de Bolívar.
En el comunicado conjunto, las dos delegaciones expresaron su gratitud hacia los países garantes y acompañantes de este proceso, que incluyen al Reino de Noruega, Irlanda, la República Bolivariana de Venezuela, la Confederación Suiza y la Unión Europea. El documento también destaca el apoyo del Representante Especial del secretario general de las Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Consejo Mundial de Iglesias, así como la colaboración de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas, y de la comunidad de Playa Rica, en Suárez Cauca.
La elección de Colombia como sede de las negociaciones también está relacionada con la ausencia de una figura política establecida por este grupo armado, que surgió después de la firma de los Acuerdos de Paz con las extintas FARC en 2016. En este contexto, la inclusión de un país garante como sede implicaría una cesión de poder político frente al Gobierno Nacional.
Según algunos miembros de la delegación de paz del Gobierno, se ha alcanzado un preacuerdo con las disidencias para no instalar la mesa de diálogo en un único punto. De hecho, se planea que los diálogos se desarrollen en diferentes territorios de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Bolívar, y se llevarán a cabo en ciclos, siguiendo una dinámica similar a la que ha funcionado en los últimos meses con los miembros del ELN.
