Álvaro Hernando Cardona González
En su habitual columna de El Espectador, del pasado 9 de septiembre de 2023, títulada La deuda de Petro el experto en derecho procesal, Ramiro Bejarano Guzmán, se refirió a uno de los grandes pasivos gubernamentales de las últimas décadas e incluso, probablemente del último siglo, dados los resultados en materia de violencia que padece Colombia: la crisis de la Justicia (la pondremos en mayúscula adrede).
Bejarano, quien ha apoyado mucho al actual gobierno en otras de sus propuestas, reconoce que, al leer el discurso del presidente durante el Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria realizado en Bucaramanga, organizado por la Corte Suprema de Justicia, quedó sorprendido porque, según él, “no es fácil comprender por qué Petro, teniendo un magnífico y competente ministro de justicia como Néstor Osuna, en cuya cabeza deambulan inteligentes soluciones para esta justicia colapsada, no ha sido capaz de estructurar un itinerario serio y probable en este tema”. Lo que no dice Ramiro Bejarano, es que este no es el único gobierno que ha descuidado la Justicia. Más aún, lo han hecho las altas cortes y los miembros de la Rama Judicial e incluso órganos de control, puesto que todos, no han podido salir del círculo vicioso de proponer más plantas de personal, más legislación, más delitos y penas…más de lo mismo.
Como este espacio es corto, planteamos algunas cosas que nunca se han hecho y que desde adentro de la Justicia hace mucho se reclaman infructuosamente. Antes sin embargo es necesario explicar a los lectores algo fundamental: la Justicia, no solo la imparten jueces y magistrados. En mucha más cantidad la hacen entidades administrativas (inspectores, comisarios, superintendentes, procuradores, contralores, personeros municipales, alcaldes, gobernadores; autoridades ambientales, mineras, petroleras, de tierras, y muchísimas más).
Aclarado esto, entonces hay que advertir que para reformar la Justicia se necesita poner atención, primero, a la “administrativa” que a la “judicial”; de hecho, lo que no solucione la administrativa, deberá, en última instancia, hacerlo la judicial.
No más funcionarios, ni recursos, ni calidad de herramientas para la Rama Judicial. Al menos, sólo hacerlo luego de fortalecer la justicia administrativa.
Se necesita, más valor institucional (voluntad y valor para decidir). A eso puede contribuir muchísimo la carrera administrativa. Que los funcionarios ingresen por concurso a períodos fijos, no reelegibles (para que haya metas y haya evaluaciones de desempeño). Cero politiquerías. Y nunca por elecciones, como en los Estados Unidos.
Hay que racionalizar los recursos (impugnaciones, apelaciones). La Justicia es de decisiones. La procrastinación en la Justicia es un gran enemigo. Se deben poner fin a los conflictos.
La Reforma a la Justicia la deben hacer expertos, no jueces y magistrados.
