José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
En Timba, corregimiento de Buenos Aires, Cauca, murió Luz Stella, una sencilla profesora que iba a su trabajo, cuando explotó un carro – bomba destinado a matar policías. Días atrás, en Guachené, otro municipio caucano, murió Laura Zineth, de 14 años, en medio del fuego entre policías y delincuentes al mando de “El Gomelo”, muerto también en el enfrentamiento. Días después, decenas de jóvenes disparaban energúmenos despidiendo a su líder, en medio de una población acostumbrada a la violencia.
En Cauca, Nariño, Arauca, Sur de Bolívar, Catatumbo, como en todas las regiones azotadas por la coca y otras actividades ilícitas, se libra una guerra sin cuartel entre actores armados ilegales por el control territorial; guerra que afecta a las comunidades y de la cual hacen parte el ELN y el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, EMC, el primero con un Acuerdo de cese al fuego firmado y el segundo con uno por firmar el 8 de octubre, por lo que deberían empezar a ser parte de la solución y no del problema.
Por ello, en un país donde ponerse de acuerdo parece imposible, fue fácil para mí hacerlo con Fabio Valencia Cossio; con quien hemos compartido militancia política y, sobre todo, porque creemos en el derecho de la gente a vivir en paz. Nos pusimos de acuerdo porque, además, hacemos parte de las delegaciones del Gobierno en las negociaciones, él con el EMC, y yo con el ELN, procesos que, uno empezando y el otro avanzado, persiguen el mismo objetivo: la paz
A partir de esa premisa, acordamos enviar una carta dirigida al Gobierno, a través del Comisionado de Paz, y a los jefes de las delegaciones de los dos grupos ilegales, cuyo propósito es invitar a que, al margen del Acuerdo de cese al fuego con el Gobierno, se llegue también a un Acuerdo entre los dos grupos. Las razones son de bulto:
Primero: la gente que sufre en los territorios. El presidente Petro ha dejado claro que no basta con el cese al fuego, sino que toda negociación debe incluir cese de hostilidades a la población. Los dos grupos ilegales, por su parte, aceptaron como marco de referencia el Derecho Internacional Humanitario en lo referido a la protección de la población civil.
Segundo: la confrontación entre los dos grupos, al afectar a las comunidades, exige la intervención de la Fuerza Pública, obligada constitucionalmente a proteger a la población, lo cual deriva en eventuales “incidentes” que entorpecen ambos procesos.
Tercero: El enfrentamiento entre grupos que, al mismo tiempo, adelantan conversaciones de paz, es inconsecuente y les resta credibilidad a los procesos.
El país, que se debate entre el escepticismo y la desesperanza, necesita volver a creer. Con Fabio Valencia hemos enviado una carta por la paz, para proteger a millones de colombianos atrapados por la violencia, mientras llega esa paz de verdad, que solo será posible cuando callen los fusiles.
