En la mayoría de los municipios del país, se han conformado durante décadas algunas bandas delincuenciales para dedicarse al robo y enajenación de predios urbanos y rurales, aprovechando las necesidades de la población para acceder a una vivienda. Todos conocemos que el Estado ha sido impotente para satisfacer la demanda habitacional. A través de los medios de comunicación, se observan imágenes desgarradoras, cuando las autoridades toman la decisión de recuperar los terrenos que han sido invadidos de manera ilegal, a través de engaños y triquiñuelas de estas organizaciones criminales, que se aprovechan de algunos sectores más vulnerables.
Es inconcebible que algunas autoridades y representantes de la clase política tradicional, se vuelvan cómplices que en muchas ocasiones operan en complicidad con estos delincuentes con el fin de obtener respaldos electorales e intereses económicos, sin tener en cuenta de los graves daños patrimoniales a sus propietarios, al ecosistema y contribuyendo al desorden urbanístico que afecta el ordenamiento territorial de los municipios.
Pero lo detestable es que algunos medios de comunicación se aprovechen de la situación social y económica precaria en que viven las familias invasoras, para pontificar y ultrajar a los propietarios de los predios afectados, generando un ambiente nefasto para estas personas y sus familiares, cuando por vías legales, logran el desalojo y la recuperación de sus terrenos invadidos.
Tal es el caso de los asentamientos Pantanos 1 y 2 que fueron desalojados por orden judicial, en el municipio de Garzón donde se logró recuperar esos terrenos baldíos, que fueron aprovechados por algunos delincuentes, que abusivamente se tomaron por las vías de hecho dichos terrenos que lotearon y fueron vendidos sin tener títulos de propiedad. Lo anterior generó un malestar entre la ciudadanía de esta localidad y colocó en serios aprietos a la actual administración municipal de este municipio, porque en otrora, no se intervino oportunamente a sus desalojos. Ahora se ha convertido en un verdadero mega problema para la ciudadanía garzoneña.
Pero la gente cae, ante la necesidad apremiante de tener casa. Ignoran los avisos que prohíben la venta de espacios y la construcción de viviendas o que, por ser zona de reserva, están protegidos. Se trata de una situación que se extiende en muchas localidades y ante lo cual las autoridades parecen estar desbordadas. Y el fenómeno seguirá creciendo, a menos que se tomen medidas radicales. Aunque las proyecciones indiquen que la población en las zonas urbanas va en aumento, no ocurre lo mismo con los asentamientos ilegales, que crecen de forma exponencial.
