El país afronta una seria amenaza por el fantasma de un apagón donde se conjugan una serie de improvisaciones gubernamentales desde décadas atrás, donde la sociedad colombiana y el sector productivo pueden verse afectados porque no se han tomado las acciones para contrarrestarlo. La intensa sequía que se está presentando en algunas regiones del país, colocan en riesgo la disminución de los niveles de los embalses. Nuevamente es un factor preocupante porque se conjuga con el mapa de angustias que está padeciendo las familias colombianas. Si el gobierno nacional, no toma en serio esta crisis energética que se nos avecina, estaremos en el corto tiempo viviendo suspensiones de energía, como han estado soportando los venezolanos desde la década pasada. Desde el estéril paso de la anterior Ministra de Energía Irene Vélez, se preveía que por su absoluta negligencia de integrar el liderazgo en manos de personas expertas en este sector importante para la economía nacional, podíamos caer en esta coyuntura apremiante en materia energética. Lo afirmaba el distinguido columnista de El Tiempo Juan Lozano en su semanal escrito el pasado final de semana que como si lo anterior fuera poco, el Gobierno ha mantenido a la Comisión reguladora del sector, la otrora poderosa Creg, donde estaban verdaderos expertos en el sector, en una debilitada instancia interina. En julio, de 6 expertos, 4 eran interinos, había una vacante y solo uno estaba en propiedad. Tras la renuncia del director de la Creg a finales de septiembre quedaron 3 en encargo y 2 vacantes. Muy grave. Mientras tanto, y cuando pululan las cartas de advertencia sobre la profundidad de la crisis que se está cocinando, el presidente Petro hace anuncios genéricos a través de redes sociales sobre los asuntos más complejos, que no son de competencia suya, sino de la misma Creg.Igualmente, no se puede pasar por alto la advertencia de 14 exministros de Minas sobre el colapso que puede provocar la crisis financiera de 25 empresas comercializadoras de energía en riesgo de entrar en un default financiero. Es importante destacar que parte del problema nace con la pandemia y ha desatado una pesada carga financiera. En aquel momento, algunas comercializadoras aplicaron la llamada opción tarifaria para diferir los aumentos en las facturas y aliviar el bolsillo de los usuarios. Pero esto dejó una deuda entre usuarios y comercializadoras cuyo saldo acumulado hoy ronda los 5 billones de pesos.La combinación, tanto coyuntural como estructural, de dificultades financieras y operativas, los efectos del fenómeno de El Niño, incertidumbres regulatorias y frente a los inversionistas, el crecimiento de la demanda de energía, los retrasos en los proyectos renovables y la confusión en la transición energética, entre otros factores, está generando preocupantes sombras en la seguridad energética del país.
