La Fiscalía judicializó a dos oficiales, un suboficial y seis patrulleros de la Policía, por acusaciones de participación en la retención ilegal, tortura y asesinato de dos hombres.
Los trágicos acontecimientos tuvieron lugar el 30 de junio de 2022 en una carretera que conduce de Lorica a San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba.
La investigación reveló que las víctimas descendieron de un autobús de transporte público que cubría la ruta entre Sincelejo y San Onofre, en el departamento de Sucre. En la estación de servicio del último municipio, habrían sido subidas por la fuerza a vehículos oficiales asignados a los policías para llevar a cabo sus deberes, donde posteriormente fueron sometidos a torturas y asesinados.
Los cuerpos de las dos víctimas fueron hallados en un vertedero ubicado en San Nicolás de Bari, en la zona rural de Lorica, Córdoba.
La evidencia técnica recopilada por la Fiscalía indica que los uniformados adscritos al Gaula Sucre presuntamente llevaron a cabo varias actuaciones irregulares previas al crimen. El 29 de junio de 2022, cuatro de los acusados habrían realizado vigilancias en las residencias de uno de los hombres sin contar con una orden judicial, después de que se reportara un atentado contra un policía en Betulia, Sucre.
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Simultáneamente, se habría interceptado ilegalmente el teléfono de una de las víctimas para rastrear todos sus movimientos. El 30 de junio, ocho de los policías se habrían trasladado a la terminal de transporte de Sincelejo y coordinaron con unidades de tránsito para detener el autobús en el que viajaban los dos hombres bajo vigilancia.
En el peaje La Esperanza, entre Sincelejo y San Onofre, el vehículo fue detenido y se obligó a la pareja de las víctimas a descender bajo el pretexto de irregularidades en sus documentos. El autobús continuó su trayecto, y más adelante, en la estación de servicio de San Onofre, los dos hombres bajaron. En ese punto, se presume que fueron retenidos de forma violenta y llevados en vehículos oficiales hacia Lorica, donde habrían sido atacados con armas de fuego y posteriormente asesinados.
Los análisis de las señales de los teléfonos móviles de los nueve uniformados, así como los registros de las cámaras de seguridad, los ubicaron en varios de los lugares recorridos por las víctimas, hasta el lugar exacto donde se encontraron sus cuerpos el 1 de julio de 2022.
En consecuencia, un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a los nueve procesados con una serie de cargos que incluyen homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, violación ilícita de comunicaciones, peculado por uso, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Por solicitud de la Fiscalía, los nueve miembros de la Policía Nacional enfrentarán medidas de aseguramiento en un centro penitenciario.
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