Las plenarias de Senado y Cámara de Representantes por separado, aprobaron el miércoles anterior el presupuesto general de la Nación para la vigencia 2024, por un valor de 502,6 billones de pesos. Se determina que 310 billones se destinarán a funcionamiento (61,8%) $94,5 billones para el pago de la deuda (18,8%) y 97,7 billones para inversión (19,4%). Ahora bien, entre los que más dinero tendrán están la Educación (70,4 billones de pesos), Salud (61,5 billones de pesos), Defensa y Policía (56 billones de pesos), Hacienda (47,5 billones de pesos) y Trabajo (44,3 billones de pesos). Lo absurdo es que la ciencia y la tecnología e innovación se le disminuyó su financiación. Una amplia polémica hubo en la sesión de este miércoles en la Cámara ante la negativa a una proposición que buscaba aumentar los recursos en el presupuesto para el Ministerio de Ciencias. La propuesta no contó con el apoyo del Pacto Histórico y de inmediato hubo reclamos por las promesas de campaña de Gustavo Petro sobre mayores recursos a esta cartera. El desarrollo económico presenta un panorama incierto en el mediano futuro.
Así, como está planteado este presupuesto, algunos sectores estratégicos del país, como la salud, y la defensa quedan desfinanciados para su normal funcionamiento. Se aumenta la fronda burocrática durante el presente cuatrienio, lo cual genera una incertidumbre para financiarlo. Absurdo aumentar 10 mil nuevos cargos en la Dian para aumentar en 15 billones de pesos el cobro coactivo y fortalecer los ingresos tributarios. Igualmente se espera recaudar 15 billones de pesos en el sector de hidrocarburos, pero mientras persista la torpeza de prohibir la exploración y explotación de nuevos yacimientos de este recurso natural, estos ingresos son inciertos. Con ello, se rompe la regla fiscal que se debe mantener.
Además, la disminución de los indicadores de las diferentes actividades productivas del país, que se reflejan en el bajo crecimiento que ha tenido el PIB durante el primer semestre de 2023, incide para que no se vislumbre un aumento de los ingresos tributarios en el corto plazo. En lo que va corrido el año, de acuerdo con el informe promulgado la semana anterior por Fedesarrollo, las solicitudes de quiebra de personas se incrementaron en un 44%. Los tiempos de crisis que enfrenta el país y los cambios legislativos que han favorecido en gran medida a los deudores, están generando un panorama que llama la atención de los expertos, puesto que cada vez más son los colombianos que se declaran en bancarrota y se acogen a la Ley de insolvencia financiera. Ya son 4.500 ciudadanos que se han declarado en este estado. La pregunta que nace, ¿de dónde van a sacar los dineros para financiar este presupuesto para la próxima vigencia, dada la coyuntura actual que presenta la economía colombiana?
