La Fiscalía imputará cargos al coronel Carlos Alberto Feria, jefe de la oficina de protección presidencial, al capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, y al intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.
Estos funcionarios de la Policía Nacional serán objeto de una imputación de cargos debido a su presunta implicación en una serie de actuaciones irregulares, incluyendo la realización de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza Buelvas.
Los hechos que han llevado a esta imputación están relacionados con una serie de sucesos que involucran a Marelbys Meza, quien se desempeñaba como niñera en la casa de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres. La investigación apunta a que el coronel Feria Bohórquez habría dado órdenes a sus subalternos para rastrear una suma de dinero que se perdió en la residencia de la señora Sarabia Torres el 29 de enero del presente año.
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En el marco de la investigación, se ha revelado que el coronel Feria utilizó un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha (Cundinamarca) hasta el edificio Galán, donde opera la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño. El capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristán Bohórquez, al parecer, recibieron a la mujer, le incautaron su teléfono celular y la sometieron a una prueba de polígrafo, formulando preguntas que insinuaban su responsabilidad en la pérdida del dinero.
Después de completar la prueba, los uniformados le devolvieron el teléfono a Meza. Sin embargo, según la investigación, la mujer desbloqueó su dispositivo, momento en el que el intendente le arrebató nuevamente el teléfono y retuvo el dispositivo mientras extraía información.
Para la Fiscalía, estas acciones representan un abuso de poder y autoridad, ya que vulneraron la autonomía de Meza Buelvas y la sometieron a un trato injusto. Además, se considera que los uniformados destinaron recursos y activos del Estado para llevar a cabo una prueba de polígrafo que está autorizada exclusivamente para el personal vinculado al Gobierno Nacional, y no para individuos externos.
Los tres uniformados enfrentarán cargos por peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Adicionalmente, al intendente Sacristán Bohórquez se le imputará el delito de acceso abusivo a un sistema informático agravado.
