Las autoridades en el Huila, rechazaron los combates registrados en las veredas Los Cauchos y San Miguel, zona rural de La Plata, Huila, que se registró entre el Ejército y las disidencias de las Farc. Instaron al Gobierno Nacional, a hacer cumplir el cese al fuego de manera bilateral.
Diario del Huila, Panorama
En un triste giro de los acontecimientos, la tranquilidad que una vez envolvía la región de Huila se vio perturbada la mañana del 1 de noviembre a las 9:10 a. m. en las veredas Los Cauchos y San Miguel, zona rural de La Plata, al ser escenario de hostilidades que surgieron entre las disidencias de las guerrillas de las Farc y el Ejército Nacional, violando el acuerdo de cese al fuego, según confirmó el secretario de Gobierno, Andrés Mauricio Muñoz Leguízamo.
«Lamentablemente, en las últimas semanas, se han producido hostilidades continuas hacia nuestras fuerzas de seguridad, en particular hacia el Ejército Nacional, por facciones disidentes de las FARC en las inmediaciones de La Plata. En respuesta a estas agresiones, nuestras fuerzas se enfrentaron, lo que dio lugar a un enfrentamiento que duró aproximadamente 25 minutos. No se han reportado víctimas entre la población civil de La Plata como resultado de este incidente», afirmó el secretario.
Este incidente representa una clara violación del acuerdo de cese al fuego acordado con las facciones disidentes de las FARC bajo el liderazgo del alias ‘Iván Mordisco’, según el decreto que regula el cese al fuego.
«Hemos advertido repetidamente desde el Gobierno del Huila sobre el riesgo de que estos grupos disidentes aprovechen estos ceses al fuego para atacar a las fuerzas de seguridad y desestabilizar la paz en nuestra región. Es preocupante que persistentemente avancen en las partes occidentales de nuestro departamento en busca de estas oportunidades», expresó Mauricio Muñoz.
En consecuencia, se tomó la decisión de informar a las autoridades pertinentes, en particular al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre este preocupante incidente. Se insta al Alto Comisionado a tomar todas las medidas necesarias para abordar esta situación y garantizar el cumplimiento del cese al fuego.
El Secretario del Gobierno Departamental enfatizó la necesidad crucial de intervenir para evitar que estos grupos disidentes continúen extorsionando a la comunidad de La Plata, reclutando a menores y perturbando la paz en la región. «Como autoridades gubernamentales, estamos comprometidos en cumplir con la ley, destacando que el Presidente de la República comanda las fuerzas militares».
«Aunque las decisiones deben estar en línea con la ley, la acción efectiva es imperativa para mantener la paz en el municipio de La Plata y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos».
Presencia de disidentes
Además, se han planteado preocupaciones sobre el aumento de la presencia de facciones disidentes en la zona. Existe un creciente temor a que estos ceses al fuego permitan la ocupación de regiones a las que anteriormente no podían acceder militarmente. «Personas de diversas ubicaciones están llegando y, desafortunadamente, el Ejército no podrá detenerlos».
El decreto de cese al fuego sugiere que, en caso de tales situaciones, no es obligatorio informar al Gobierno Departamental, sino informar directamente a las altas autoridades militares y de policía. Esto subraya que la autoridad de toma de decisiones recae en el Presidente y el ministro.
Las primeras violaciones del cese al fuego ocurrieron en las zonas pobladas de Belén y San Vicente en el municipio de La Plata, donde, antes de las elecciones, se iniciaron hostilidades contra las fuerzas de seguridad encargadas de garantizar el desarrollo sin problemas del proceso electoral. El conflicto reciente surgió en el contexto de los esfuerzos de defensa.
“Se ha comunicado al Gobierno Nacional que la región occidental de Huila sirve como corredor para el tráfico de drogas. La marihuana, procedente de Cauca y destinada a Brasil, atraviesa esta ruta y estos grupos disidentes buscan controlar este importante corredor. El objetivo es evitar una situación en la que, en medio del proceso de paz en curso, reclamen la ocupación territorial y exijan la retirada del ejército de esa zona”, indicó el funcionario.
Cese al fuego
En lo que respecta al cese al fuego, ni el gobierno ni el Ejército han emitido declaraciones hasta el momento. No obstante, es importante señalar que en el marco de las conversaciones de paz entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, el coordinador de la delegación del Gobierno nacional, Camilo González Posso, detalló las condiciones de este nuevo paso hacia la paz con el grupo armado.
Explicando los detalles de este cese al fuego de tres meses, el funcionario reconoció que la aspiración es evaluar y extenderlo más allá del 16 de enero de 2024. Destacó que este acuerdo implica la suspensión de acciones militares ofensivas entre las partes, intrínsecamente ligadas a los objetivos de respetar a la población civil, sus libertades y derechos.
González enfatizó que comenzar el camino sin el estruendo de las armas, prohibiendo la agresión y el asesinato, es más favorable que recorrer un camino de muerte hasta alcanzar una solución definitiva al conflicto armado. Subrayó la valía de intentar el diálogo en medio de un cese al fuego, subrayado por compromisos estrictos de respeto a la población civil.
Además, indicó que «iniciar la solución política implica construir las condiciones para la transformación de poderes basados en las armas en poderes socioeconómicos y políticos fundamentados en el liderazgo institucional, nuevas formas de democracia y poder popular».
Recalcó la importancia de no esperar a un acuerdo final para avanzar con acuerdos parciales inmediatos que alivien a la población y marquen rutas para el cambio. La paz se construye en el camino, concluyó.
Este incidente subraya el delicado equilibrio entre mantener los acuerdos de paz y asegurar la seguridad y estabilidad de las regiones afectadas por conflictos pasados. La responsabilidad colectiva de las autoridades locales y nacionales sigue siendo crucial para abordar estas violaciones y mantener el proceso de paz.
El Gobierno Departamental y las entidades pertinentes continúan abogando por las medidas necesarias para prevenir una escalada de la violencia y garantizar el bienestar de la población civil en la región.
