La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, emitió un concepto ante la Corte Constitucional, indicando que el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes es una causa legítima para solicitar el divorcio.
En su análisis, la jefe del Ministerio Público resalta que la norma establecida en el Código Civil (artículo 154) busca proteger la autonomía personal de un cónyuge afectado por el consumo de sustancias de su pareja. Argumenta que esto resguarda la capacidad de cada individuo para elegir su proyecto de vida emocional y familiar, en consonancia con la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal y la protección de los menores.
Cabello Blanco subraya que esta causal de disolución del vínculo matrimonial garantiza el respeto de los derechos ajenos y previene el abuso de los propios. Argumenta que las causales de divorcio tienen como propósito ofrecer a los cónyuges la posibilidad de disolver el matrimonio ante situaciones que razonablemente ponen en riesgo la tranquilidad y convivencia familiar.
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La Procuradora destaca la importancia de esta causa para permitir que el cónyuge afectado pueda solicitar autónomamente el divorcio, salvaguardando así sus derechos fundamentales cuando la convivencia se vuelve insoportable debido a las adicciones de su pareja.
La medida, según su concepto, razonablemente limita el libre desarrollo de la personalidad, ponderando los bienes superiores en tensión que surgen en una relación conyugal ante el consumo regular de drogas por parte de alguno de los cónyuges.
Este concepto refuerza la importancia de resguardar los derechos y la integridad de los individuos afectados por el consumo de sustancias, brindando una vía para preservar la tranquilidad y el bienestar en el entorno familiar, a la vez que se reconoce la autonomía personal de cada individuo en la toma de decisiones relacionadas con su vida emocional y familiar.
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