Después de que la Contraloría General presentara en Neiva los resultados de las investigaciones y los procesos de responsabilidad fiscal relacionados con diversas obras que involucran fondos estatales, la Gobernación del Huila señaló que ha implementado esfuerzos inmediatos para corregir las deficiencias señaladas por el órgano de control en algunos de estos proyectos.
Diario del Huila, Contexto
En una serie de respuestas exhaustivas a los procesos de responsabilidad fiscal iniciados por la Contraloría General de la República, la Gobernación del Huila ha salido al paso, abordando meticulosamente cada caso en cuestión. La administración ha reconocido y se ha comprometido a solucionar las carencias identificadas en varios proyectos, centrándose en la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos.
En relación con el contrato de obra No. 1158 de 2015 destinado a la construcción del Centro de Operaciones de Emergencias en La Plata, la Gobernación admitió las carencias en la infraestructura y se comprometió a colaborar de manera integral con las investigaciones. Se informó que se están tomando medidas concretas para abordar las deficiencias identificadas, incluyendo la falta de obras complementarias y la ausencia de infraestructura para el funcionamiento de entidades como Cruz Roja, bomberos y defensa civil.
En el caso de la responsabilidad fiscal por el estancamiento en la construcción de seis colegios, la Gobernación proporcionó más detalles sobre la caducidad del contrato y la recuperación de fondos. Se destacó que se han iniciado gestiones específicas para la terminación de las obras, con la creación de un equipo de profesionales encargados de revisar en campo y determinar el presupuesto necesario. La entidad reiteró su compromiso de cumplir con las obligaciones relativas al proceso sancionatorio.
Del proceso de responsabilidad fiscal contra Cadefihuila sobre las huellas ambientales en la producción de cafés especiales en el sur del departamento del Huila, la Gobernación ha solicitado la terminación y archivo definitivo del proceso. Se resaltó la cooperación continua con la Contraloría en la entrega de información y visitas. La Gobernación también destacó su reciente reconocimiento de personería jurídica, considerándolo un paso importante en el proceso.
Las presuntas irregularidades en el proyecto de pavimentación de la vía La Victoria – San Marcos también fueron abordadas con detalles adicionales sobre las actuaciones realizadas. Se destacaron la solicitud de información a las Procuradurías delegadas de Regalías y la actualización de precios para garantizar el cumplimiento del contrato como medidas específicas tomadas por la Gobernación. Se insistió en el compromiso de la administración para finalizar la construcción de la vía intervenida.
En cuanto a los dos incumplimientos al contratista y la recuperación de fondos mediante la cláusula penal, la Gobernación ofreció detalles sobre la pérdida de competencia para liquidar el contrato debido a un medio de control de controversia contractual impetrado por el contratista. También se proporcionó información sobre las gestiones en curso para intervenir la vía afectada, destacando la necesidad de cumplir con el objeto contractual del Contrato Interadministrativo No. 1135 de 2015 firmado entre la Gobernación del Huila y la alcaldía municipal de Acevedo.
La Gobernación del Huila reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos. Las medidas específicas tomadas en cada caso buscan abordar las deficiencias identificadas y mejorar la ejecución de proyectos en el futuro. La ciudadanía seguirá atenta a los desarrollos de estos procesos y a las acciones emprendidas por la Gobernación para rectificar las irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República.
Investigaciones de la Contraloría General de la República
Actualmente, la Contraloría General de la República está llevando a cabo un total de 145 procesos de responsabilidad fiscal, abordando irregularidades en la gestión de recursos públicos en el Departamento del Huila, con un monto acumulado de $186.193 millones.
Es importante destacar que la Gerencia Departamental de la CGR en el Huila está al frente de 121 de estos procesos de responsabilidad fiscal, que involucran una cuantía significativa de $40.445 millones.
El órgano de control ha identificado irregularidades en el proyecto de «Plan Maestro de Acueducto Fase II y Alcantarillado» en Oporapa, con un daño cuantificado en $6,004 millones. Este proceso se originó a partir de una denuncia ciudadana y ha revelado falencias en la supervisión e interventoría del contrato, generando problemas de funcionalidad en los componentes del acueducto y alcantarillado. La administración de Oporapa no ha recibido las obras debido a su incompleta operatividad, afectando la calidad del servicio a la comunidad.
En relación con la construcción del «Centro de Operaciones de Emergencias de la Zona de Influencia del Volcán Nevado del Huila» en La Plata, se detectaron irregularidades por un monto de $2,416 millones. La falta de obras complementarias, como red eléctrica, planta eléctrica y sistema de voz y datos, ha dejado la obra sin funcionamiento. Además, la presencia de murciélagos y el abandono prolongado han causado daños, generando la necesidad de recursos adicionales para completar las obras externas.
El convenio de cooperación No. 0258 de 2013, destinado al «Desarrollo social a través de la apropiación de ciencia y tecnología del Departamento del Huila», está bajo investigación por presuntas irregularidades que representan un daño de $2,295 millones. La falta de desarrollo de algunos ítems contractuales y la prestación limitada del servicio de conectividad a bibliotecas han generado un detrimento patrimonial.
Rehabilitación de la plaza de mercado
En el caso de la «Rehabilitación, terminación y puesta en marcha de la plaza de mercado del municipio de Gigante», se ha cuantificado un daño de $2,179 millones. La obra no cumple con las condiciones requeridas para el expendio de productos cárnicos, carece de góndolas y cielos rasos, y las áreas como cuartos fríos y planta eléctrica no han sido probadas. La inversión realizada se considera un daño patrimonial, ya que la obra no cumple con los objetivos propuestos.
La entidad también adelanta un proceso por irregularidades en el contrato de gerencia integral para el desarrollo de proyectos de vivienda en Tarqui y Suaza, con un daño estimado en $2,984 millones. La falta de cumplimiento del objeto contractual y la insatisfacción de la necesidad básica de solución de vivienda de interés social rural a 289 familias son las principales razones de este proceso.
Finalmente, la construcción de la nueva Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra en Neiva es objeto de investigación por irregularidades que representan un daño de $4,293 millones. La falta de cumplimiento de la resistencia del concreto y otros requisitos técnicos exigidos por la norma NSR-10 han generado un alto riesgo para la comunidad.
La Contraloría ha vinculado a las compañías aseguradoras en cada proceso con el objetivo de garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio público. Estos hallazgos subrayan la importancia de una gestión transparente y eficiente en los proyectos públicos para evitar perjuicios económicos a la sociedad. La ciudadanía estará atenta a los desarrollos de estos procesos y a las acciones emprendidas para rectificar las irregularidades identificadas.
