La reestructuración educativa en el municipio de Colombia ha generado descontento entre ciertos padres de familia, quienes han optado por bloquear la entrada principal a la localidad. El ajuste implica una reducción de instituciones educativas de cinco a cuatro. A pesar de ello, la secretaria de educación asegura que esta medida no compromete la continuidad académica y enfatiza que ninguna de las 56 sedes educativas existentes en el municipio será suprimida.
Diario del Huila, Panorama
En una muestra contundente de descontento, los habitantes del municipio de Colombia, en el norte del Huila, han protagonizado una protesta que ya supera los 10 días en contra de una reestructuración educativa impuesta por el Decreto 319 de 2023.
La medida, que afecta a instituciones como San Antonio Alto, La Legiosa y Potrero Grande, ha llevado a la toma de vías y al bloqueo del acceso vial como último recurso para ser escuchados por el alcalde Isauro Lozano Díaz y la Secretaría de Educación Departamental.
El concejal Janfer Duván Gamboa señala que la toma de medidas extremas se consideró como último recurso con el propósito de asegurar ser escuchados por el alcalde Isauro Lozano Díaz y la Secretaría de Educación Departamental.
«El municipio está actualmente enfrentando un proceso de reorganización educativa que se consolidó mediante el Decreto 319 de 2023. Este decreto establece pautas para la estructuración de las instituciones educativas locales, motivado en parte por la situación específica de lugares como San Antonio Alto, La Legiosa y Potrero Grande. Estas instituciones no cumplen con el requisito legal que establece que deben tener un mínimo de 150 estudiantes para mantener su estatus como institución educativa independiente; en cambio, deben considerarse como sedes».
El ministerio dictaminó la necesidad de llevar a cabo esta reorganización, y la Secretaría de Educación presentó una propuesta que contemplaba tres sedes para garantizar su fortaleza. No obstante, el mandatario local al parecer optó por estructurar cuatro sedes, decisión que, según el concejal, no logra fortalecerlas adecuadamente y, además, representa un riesgo para posibles reorganizaciones futuras que podrían impactar negativamente a la población.
«En caso de que se repita la situación que estamos experimentando, mi pregunta es: ¿a dónde se dirigirán nuevamente esas sedes? Es esencial actuar con responsabilidad y tener en cuenta tanto las posibles ganancias como las pérdidas. Resulta crucial destacar que este Decreto nunca fue debidamente compartido con la comunidad, motivo por el cual hemos liderado reuniones con padres de familia y presidentes de las Juntas de Acción Comunal para dialogar con la Secretaría de Educación del Huila. En estas reuniones, logramos comprender a fondo la naturaleza de lo que está sucediendo», indicó el concejal.
Ante esta coyuntura, aproximadamente 150 estudiantes se verían afectados por la reestructuración, al igual que alrededor de 12 veredas que sufrirían las consecuencias.
El funcionario aclara que, aunque la reestructuración no implica la desaparición de colegios, se perderá la rectoría. Los estudiantes permanecerán en las mismas sedes. Sin embargo, comunidades como Paraíso, Valle, Santa Rosal y Zaragoza, se oponen firmemente, argumentando que esto se suma a problemas estructurales de movilidad, seguridad, rivalidad entre veredas y orden público.
En estas áreas, la falta de servicios básicos como restaurantes, hoteles e infraestructura para alojar a personas que necesiten estar en las instituciones educativas no fue considerada, lo que ha avivado la indignación, especialmente en la región de la La Legiosa.
Estas veredas pertenecían a la institución educativa Pablo VI y cuando salió el decreto los pasaron de manera inmediata a la Institución Educativa La Legiosa. Esto con el propósito de poder nombrar a los rectores que ganaron el concurso de méritos. Fueron medidas tomadas sin concertación, y que hoy afectan a toda una comunidad.
El municipio del norte del Huila ahora cuenta con cuatro rectores distribuidos en las instituciones Santana, Pablo VI, Legiosa y Dorado, cada una con menos de 250 estudiantes. La comunidad argumenta que no se ganará en calidad educativa y propone fortalecer el único colegio que ofrece básica y media, que es Pablo VI, que con su propuesta tendría cerca de 800 estudiantes, permitiendo la inclusión de un docente, orientador o psicólogo, necesidades actualmente no cubiertas debido a la dispersión estudiantil en varias instituciones.
Ante la ausencia de respuestas, la comunidad, después de más de 9 días de protestas a las afueras de la alcaldía municipal, tomó la decisión de bloquear la vía de entrada al municipio. La medida, realizada ayer, logró un efecto inmediato para la búsqueda de soluciones a la crisis. Según el concejal Gamboa, fueron convocados a una reunión en la Secretaría de Educación Departamental, donde esperan ser escuchados y encontrar una solución justa para todas las partes involucradas. La comunidad, unida en su lucha por la educación de calidad, espera que este encuentro marque el inicio de un diálogo constructivo y la reconsideración de las decisiones tomadas.
Luis Carlos González, padre de familia afectado, asegura que no los tuvieron en cuenta a la hora de hacer toda esta estructuración, trasladando las rectorías y quitándoles el estatus de institución educativa. “Nos trasladaron para otra sede donde se nos dificulta mucho, por lo que pedimos analizar bien esa restructuración.
¿Cuál es la respuesta de la Secretaría de Educación?
Tania Peñafiel, secretaria de educación del departamento del Huila, afirma que la normativa nacional, en particular la Ley 715 y el Decreto 1075, establece que una institución educativa debe tener un mínimo de 150 estudiantes matriculados para ser reconocida.
Cada año, a través de los órganos competentes para el sector educativo, en este caso, los municipios conformados por los jefes de núcleo, rectores y el alcalde, se lleva a cabo un proceso de evaluación para analizar la calidad educativa y la gestión administrativa.
Según Peñafiel, en este proceso se evalúa la cobertura, y en el caso del municipio de Colombia, hasta este año, contaban con cinco instituciones educativas en funcionamiento. La Secretaría de Educación venía realizando el análisis pertinente, y tres de ellas presentaban riesgos al no cumplir con la matrícula establecida por la ley.
«El Ministerio de Educación nos insta a ser más rigurosos porque estaba en juego el concurso docente. Tuvimos que informar a la comisión las vacantes definitivas de los docentes y administrativos. Por lo tanto, se instó a los municipios a cumplir con lo determinado por la ley».
Finalmente, la comisión municipal se vio obligada a reorganizar las 56 sedes educativas en cuatro instituciones educativas, eliminando la institución educativa San Antonio, que tenía la menor matrícula desde hace cuatro años. Sin afectar el servicio educativo en ninguna de las sedes, las 56 sedes continuarán prestando el servicio en la ubicación geográfica en la que se encuentran.
«El único cargo que se suprimió fue el del rector de la institución educativa San Antonio, quien ahora cubrirá una vacante en otro municipio que teníamos. Aunque la comunidad manifiesta cierto grado de inconformidad porque algunas sedes cambiaron de nombre, esto no afecta el proceso educativo», señaló la funcionaria.
La Secretaría de educación del Huila, aseguró que se han adelantado cerca de tres reuniones con la comunidad, pero que lamentablemente persiste el inconformismo de padres de cuatro sedes educativas, las demás aceptaron la reorganización.
