La sociedad huilense se encuentra muy preocupada por el desbordamiento del orden público en los municipios del departamento, cuyas familias se sienten intimidadas y amenazadas por las disidencias de las Farc, que durante los últimos quince meses se han fortalecido, generando una incertidumbre en la tranquilidad y la paz que se encuentra en ciernes, por la incompetencia gubernamental para afrontar con decisión férrea el avance de estas organizaciones terroristas. Las fuerzas militares no están autorizadas para adelantar operaciones ofensivas sino estar solo a la defensiva. Absurdo. Además, los gobernadores y alcaldes no son los jefes de la policía, ni de los comandantes de las fuerzas militares en las regiones. Ellos solo obedecen a directrices emanadas de las instancias nacionales. De modo que las familias huilenses se encuentran inermes ante el accionar extorsivo, bélico y la presión que ejercen contra las comunidades, para que las autoridades armadas abandonen el territorio donde operan, con la anuencia del gobierno nacional. Absurdo que hayamos retrocedido cinco lustros durante el presente gobierno del cambio.
Hemos sido reiterativos de esta tribuna, que es muy preocupante la situación del orden público en algunos municipios del departamento por la presencia de estas organizaciones, que han empezado a tener un dominio territorial con la anuencia del gobierno nacional, porque se encuentra a espaldas de la verdadera realidad que están viviendo los residentes de estas localidades. Lo cierto es que el margen de espera inicial, la confianza con la que arrancó la política pública de la paz total, se ha visto diezmado por episodios puntuales que les dan la razón a quienes desde el comienzo señalaron las dificultades de un esfuerzo así de amplio.
Èstos, que se vienen de manera reiterada sucediendo en algunas regiones del país, donde operan estas organizaciones rebeldes, demuestran que no tienen voluntad de paz. La crítica que se le hace al gobierno nacional es que no se les puede bajar la guardia. No se puede seguir debitando progresivamente al aparato armado del Estado en el país. Ellos han aprovechado para seguir ampliando su dominio territorial, para cometer estos actos delincuenciales en amplias zonas del país, que tienen desesperados a estas familias, porque han regresado a los tiempos de otrora.
Es indispensable que el Estado no baje la guardia. No se pueden debilitar a las fuerzas militares de Colombia. Este fenómeno es muy complejo. Con los cantos de sirena de la paz total, el gobierno nacional no puede desconocer que tenemos una cruda realidad que la ha venido padeciendo la sociedad colombiana, que se ha incrementado desde hace 60 años con la presencia de organizaciones insurgentes. Hay que enfrentar decididamente todas las formas posibles, el flagelo del narcotráfico, cuyas rentas mueven el aparato de la muerte instrumental. El país está en una crisis de seguridad. El crimen organizado sigue sin dar tregua en algunas regiones.
