Todos los medios de comunicación coinciden que la sociedad colombiana se encuentra muy preocupada por el desbordamiento del orden público en algunas regiones del país, y el departamento del Huila no se sustrae de este fenómeno social y político que está afectando la tranquilidad. Las familias se sienten intimidadas y amenazadas por las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia que han empezado a tener presencia en los municipios del Huila. Durante los últimos dieciséis meses se han fortalecido de manera exponencial, generando una incertidumbre en la política pública de la Paz Total implementada por el gobierno nacional, que hasta el momento ha sido un fracaso.
Este proceso se encuentra en ciernes, por la incompetencia gubernamental para afrontar con decisión férrea el avance de estas organizaciones terroristas. Las fuerzas militares no están autorizadas para adelantar operaciones ofensivas sino estar solo a la defensiva. Absurdo. Además, los gobernadores y alcaldes no son los jefes de la policía, ni de los comandantes de las fuerzas militares en las regiones. Ellos solo obedecen a directrices emanadas de las instancias nacionales. De modo que las familias huilenses se encuentran inermes ante el accionar extorsivo, bélico y la presión que ejercen contra las comunidades, para que las autoridades armadas abandonen el territorio donde operan, con la anuencia del gobierno nacional. Absurdo que hayamos retrocedido cinco lustros durante el presente gobierno del cambio.
La quema de un bus Navette de Coomotor el martes en la noche en jurisdicción del municipio de Altamira que cubría la ruta Acevedo Bogotá por integrantes de la Segunda Marquetalia, de acuerdo con las versiones de las autoridades locales, ha empezado a generar una incertidumbre por las vacunas que se están cobrando a esta empresa de transporte. Esta situación se está presentando en el gobierno del cambio por el progresivo debilitamiento a que han sido sometido las Fuerzas Militares y la Fuerza Pública. Ahí tenemos el resultado de esta medida que está siendo aprovechada por estas organizaciones narcoterroristas para fortalecerse y seguir cometiendo estas acciones delincuenciales. Estas organizaciones, han empezado a tener un dominio territorial con la anuencia del gobierno nacional, porque se encuentra a espaldas de la verdadera realidad que están viviendo los residentes de estas localidades.
Lo cierto es que el margen de espera inicial, la confianza con la que arrancó la política pública de la paz total, se ha visto diezmado por episodios puntuales que les dan la razón a quienes desde el comienzo señalaron las dificultades de un esfuerzo así de amplio. Es indispensable que el Estado no baje la guardia. Este fenómeno es muy complejo. Con los cantos de sirena de la paz total, el gobierno nacional no puede desconocer que tenemos una cruda realidad que la ha venido padeciendo la sociedad colombiana, que se ha incrementado desde hace 60 años con la presencia de organizaciones insurgentes.
