POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Para poder formar Gobierno, no obstante haber sido derrotado en las pasadas elecciones, el Presidente del ejecutivo español Pedro Sánchez, se vio en la necesidad de buscar acuerdos y consensos con otras fuerzas políticas; que es lo normal en los sistemas parlamentarios como lo es el español. Con el PSOE, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya, para lograr el voto a favor de sus 14 diputados en el Congreso, pactan un acuerdo político que da vía libre a la investidura de Sánchez.
Sorprendió a España y al mundo entero la negociación que adelantaron los partidos políticos independentistas catalanes con el Presidente del gobierno español, pues se llegó a un acuerdo consistente en tramitar una Ley de Amnistía, con mensaje de urgencia, para cobijar a algunos personajes que están siendo procesados por diversos delitos; entre ellos a Carlos Puigdemont, expresidente de Cataluña, exiliado en Bruselas.
Los votos definitorios los obtuvo de los partidos separatista catalanes con quienes había negociado. Ese apoyo lo ofrecieron a cambio de tramitar la mencionada Ley de Amnistía para los políticos encausados o juzgados por promover la independencia de Cataluña en años anteriores, así como el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña.
Como antecedente en ese país, en octubre de 1977, las Cortes resultantes de las primeras elecciones generales celebradas tras la dictadura de Francisco Franco, aprobaron una Ley de Amnistía que benefició a los presos y condenados por delitos políticos cometidos antes de la promulgación de esta ley.
Ahora, ante esta nueva posibilidad, España se revolcó y todo su territorio se ha visto colmado de protestas populares contra la Ley de Amnistía que se tramitaría, a fin de que Sánchez pueda mantener el poder en la Moncloa.
Pero comparemos lo que sucede en España con lo que ha sucedido en Colombia en los últimos tiempos. En el pasado hemos vivido episodios parecidos que han conducido a sus intervinientes a conclusiones no muy agradables. El primero fue el famoso Pacto de Ralito, según el cual, los llamados parapolíticos, se comprometieron con los paramilitares, a colaborarles en el Congreso con leyes favorables, a cambio de apoyos políticos. Este tipo de arreglos en Colombia se calificaron como “concierto para delinquir” y comprometió judicialmente a un alto sector del Congreso. Es decir, lo que se ha hecho en España, en Colombia configuraría un delito.
También sorprende que, en este marco de cosas, el Presidente del Gobierno español viaje al exterior a entrevistarse con el mencionado Puigdemont, quién es un reo ausente de la justicia española. Los Presidentes de la República en Colombia, pueden hablar con los alzados en armas, en el marco de un proceso de paz, cuando se les levantan las órdenes de captura; si no es en este espacio, solo es posible hablar con ellos en la diligencia de indagatoria, como le advirtieron alguna vez al Presidente López cuando se fue a Panamá a conversar con los mafiosos.
