Ante el flagelo de la extorsión, desde la Administración Departamental, han sugerido al Estado y autoridades policiales y judiciales, la creación de estrategias para contrarrestar esta problemática.
Los municipios que más preocupa a las autoridades judiciales, son Algeciras, Pitalito y Tello.
Exigencias económicas y disidencias
Frente a esta problemática, las autoridades judiciales indican que este ilícito ha sufrido una considerable alza y se atribuye, de acuerdo a las hipótesis delictivas, a la presencia de los grupos organizados al margen de la ley en el departamento.
Al respecto, Dayro Fernando Herrera, director Seccional de Fiscalías-Huila, dijo. “En el año de 2022, teníamos 166 casos, y este año ya llevamos, 220 hechos. Se ha incrementado en un 33% esta conducta delictiva. Y tomando como base las investigaciones, hay un subregistro de víctimas que por temor a represalias, generadas por estos grupos, no presentan las denuncias ante las autoridades”.
En este aspecto, el mayor Alex Gabriel Ochoa, comandante del Gaula de la Policía-Huila, señaló: “de las denunciadas recibidas este año, han aumentado en relación con el 2022, porque la gente está declarando y de este número el 62% son extorsiones digitales. Los delincuentes exigen la entrega de cifras que van desde $200.000, hasta $15 o $20 millones”.
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Quema de buses por no pagar
Otro de los sectores, que más ha sufrido el tema de las exigencias económicas, es el sector transportador, pues en el transcurso de 2023, tres buses adscritos a la empresa Coomotor, fueron quemados por hombres al parecer pertenecientes a las disidencias de las Farc.
Frente a esta situación, Andrés Mauricio Muñoz, secretario de Gobierno del Huila, manifestó: “rechazamos, enérgicamente este tipo de actuaciones en contra de la seguridad de todos los huilenses, especialmente de un gremio como el transportador, que viene sufriendo este tipo de acciones y por no ceder a la extorsión, queman los vehículos especialmente de esta empresa afectada”.
Ante lo ocurrido, el secretario pidió al Ejército, mejorar la seguridad, especialmente con el grupo de reacción inmediata que ya se tiene y agregó que esperan más hombres de la misma especialidad.
Por su parte, Armando Cuéllar, gerente de la empresa asediada, expresó: “hemos sido víctimas de actos delincuenciales promovidos por los grupos al margen de la ley y enemigos de la paz en Colombia. Y hacemos un llamado urgente a las Fuerza Pública, a los organismos de control y a las autoridades competentes, para que se involucren activamente en la investigación, destinada a esclarecer los lamentables hechos”.
Estaciones de servicio, otro ‘blanco’
En este sentido, otro de los ‘blancos’ de las disidencias, son las estaciones de servicio, cuyos dueños o administradores, han sido citados por los armados, para allí pactar el pago de extorsiones, y al no acudir, realizan los ataques en retaliación.
Cabe recordar que el pasado 24 de agosto del año en curso, una estación de servicio en el municipio de El Hobo, fue objeto de un atentado con un artefacto explosivo. El ataque la dejó con daños materiales, lo que ha generado preocupación en la comunidad y en las autoridades locales, por fortuna no hubo personas heridas. La situación es investigada a fondo por las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer los hechos y determinar quiénes podrían estar detrás de este tipo de hechos.
De igual manera en la vía que conecta Hobo con Campoalegre, se registró un incidente similar. Presuntos disidentes de las Farc, lanzaron un artefacto explosivo hacia una planta de gasificación perteneciente a la reconocida empresa Alcanos del Huila.
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Querían sacar al Ejército
En cuanto a la situación de orden público, que se vivió en Algeciras, frente a la idea de que la comunidad busca sacar a los militares del territorio, el secretario de Gobierno, Mauricio Muñoz, agregó: “ha existido un constreñimiento por parte de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, hacía la comunidad con el fin de que saquen al Ejército del territorio, como han hecho en el departamento del Cauca y como también intentaron hacer en el municipio de la Argentina”.
Según el funcionario, este es un ‘modus operandi’ de este grupo armado que constriñe e instrumentaliza a los miembros de las Juntas de Acción Comunal, para que actúen en contra el Ejército.
“Porque hacia el futuro lo que parece ser bueno, termina siendo malo, como ya lo conocemos y así lo marca nuestra historia colombiana. Constantemente los están (disidentes) llamando o enviando mensajes de WhatsApp, para que salgan en algún momento determinado a expulsar a nuestra Fuerza Pública, por tanto enviamos dos pelotones para que haya mayor presencia militar en la Despensa Agrícola”, agregó el funcionario.
Las víctimas de los ‘armados’
En relación a las víctimas que deja este flagelo, el fiscal, señaló que se encuentran: comerciantes, transportadores, campesinos, tenderos, es decir los empresarios de ‘pequeña escala’, que están en los municipios o poblaciones más alejadas de las capitales.
“Según las investigaciones, el dinero exigido a los perjudicados, depende a la actividad que desarrollen, desde el punto de vista comercial, asimismo le piden la cuota monetaria. Y nos preocupan los municipios de Algeciras, Pitalito y Tello”, agregó Dayro Herrera.
En este orden de ideas, los disidentes harían llegar citaciones, a los ciudadanos, donde les indican que los esperan en determinados puntos, y allí a través de una aparente ‘contribución voluntaria’, los constriñen para efectos de que terminen entregando un dinero, que va para las finanzas de esta organización.
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Crecimiento de disidencias
Por su parte, el secretario de Gobierno, señaló: “hay que hacer un llamado al Gobierno Nacional, ya que el proceso de Paz, no va por buen camino, eso es claro. Las disidencias siguen creciendo en el territorio, no respetan lo pactado en los ceses al fuego y tendrá que reevaluarlo, porque para el Huila, ha sido nefasto para la región”.
El funcionario, indica que gran porcentaje de los comerciantes y empresarios del campo, están siendo afectados por la extorsión.
El primer y segundo cese al fuego, ha permitido que los grupos al margen de la ley, crezcan, porque la Fuerza Pública, no se pueden adelantar operativos.
Y desde la mencionada entidad, indican que si se debe hacer una reevaluación al cese al fuego y al proceso de paz, pues el homicidio ha tenido un aumento en 70 asesinatos, frente al mismo periodo del año 2022 y estos crímenes son ligados a las disidencias. “Claramente, hay un rompimiento de lo pactado, pues lo que buscaba el presidente Gustavo Petro, era que no se involucrará a la población civil, pero ha crecido la extorsión y los homicidios. Y no es que no se haga nada, es que se dificulta más combatir a los armados en un marco del cese al fuego que no permite hacer operativos”.
Ante este tipo de situaciones, desde la Gobernación del Huila, continuarán colocando en conocimiento del Gobierno Nacional y del Alto Comisionado, todas las ‘violaciones’, que se dan en el marco del cese al fuego en esta región.
