ALFREDO VARGAS ORTIZ
Docente Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Universidad Surcolombiana
Doctor en Derecho Universidad Nacional de Colombia
Se necesita ser un miserable, inescrupuloso y desconsiderado para saber que en mis manos se encuentra la posibilidad de alimentar a niños indefensos y de escasos bienestar, con los recursos que me corresponden administrar por mandato ciudadano en la administración municipal o departamental, como para tener la mezquindad para no hacer lo que este a mi alcance para garantizar el alimento de estos pequeños.
La verdad no escatimaría descalificativos para todos los responsables de esta desgracia humana, advertidas en su momento por los organismos de control y demás ciudadanos que señalaron el año pasado que esta tragedia se venía venir.
Los sinvergüenzas que han hecho negocio de este servicio social de alimentación de los pobres merecen todo nuestro rechazo, toda nuestra reprimenda y todo el peso de la justicia humana y divina, por negarle la posibilidad a los humildes de tener el alimento que no tienen en la casa y que en muchos casos se convierte en el único alimento que pueden recibir en el día, dadas sus condiciones de pobreza y miseria en la que viven.
Cuando fui Secretario de Educación de Neiva, tuve la oportunidad de conocer este problema de primera mano, los escándalos de corrupción que rodean este proceso son ciertos, los contratistas se encuentran organizados y se han repartido el país para ganarse los contratos a como dé lugar, todo ello en detrimento de la calidad y cantidad de las raciones de los alimentos.
Otro aspecto que se dilucidó en su momento tenía que ver con la posibilidad de que los propios padres de familia administrarán y suministraran los alimentos a sus propios hijos y con ello se dinamizara la economía local, con la compra de los productos, generando empleo y se asegurando la calidad de los mismos.
Todos estos debates dieron inicio a la creación de la Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar, en el Ministerio de Educación que pretendía ayudar a superar los escollos que se han mencionado, pero estamos lejos de lograr este objetivo como quiera que finalmente el balón lo van a tener los entes territoriales llenos como siempre de intereses particulares y que en nada consultan el interés superior de los niños.
Recuerdo igualmente que una de las salidas a esta situación que jurídicamente se exploró, era la generación de un contrato que transcienda la vigencia de los 4 o 5 años comprometiendo vigencias futuras para efectos de superar los cortos periodos de las administraciones locales garantizando la continuidad del servicio.
Si el Alcalde de Neiva, Germán Casagua, el Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba quieren actuar con responsabilidad frente a este vejamen, que presenten un proyecto al concejo y asamblea respectivamente para poder realizar un contrato con vigencias futuras con el Aval del Ministerio de Educación y saquen adelante este proyecto que finalmente asegurará que nuestros, niños, niñas y jóvenes puedan no verse afectados en la deserción escolar y el fenómeno de desnutrición que va acompañado de la falta de estos alimentos.
