El ente de control a través de un auto, ha pedido la suspensión inmediata y anulación de un convenio firmado en 2023 que entregó a dedo a dos empresas del emporio Hilsaca, la administración del catastro municipal y del alumbrado público por los próximos 15 años. Pide al alcalde Germán Casagua, tomar acciones de nulidad urgentes.
Diario del Huila, Primer Plano
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado la suspensión inmediata y anulación de un millonario negocio otorgado por el entonces alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, al cuestionado contratista cartagenero Alfonso «Turco» Hilsaca. Según la denuncia realizada por La Silla Vacía, se trata de un convenio firmado en 2023 que entregó a dedo a dos empresas del emporio Hilsaca la administración del catastro municipal y del alumbrado público por los próximos 15 años.
Se trata de un acuerdo que implicará que los habitantes de Neiva desembolsen alrededor de 100 mil millones de pesos a las empresas pertenecientes al emporio Hilsaca, mayormente destinados a cubrir intereses. En este contexto, la entrega por parte del entonces alcalde Gorky Muñoz del lucrativo contrato de alumbrado público, también con una duración de 15 años, a las mismas empresas, contribuyó a la consolidación de un beneficio sustancial para Hilsaca.
Solicitud de suspensión y anulación
La Procuraduría no pasó por alto los cuestionamientos y las dudas suscitadas en torno a este convenio que favorece al emporio Hilsaca. Luego de un período de investigación que se extendió por un mes y medio, el procurador judicial administrativo de Neiva, David de La Torre, emitió un auto instando a la Alcaldía a suspender de manera inmediata dicho convenio y a buscar los medios para su anulación.
La solicitud de la Procuraduría, expresada en un auto con fecha del 15 de enero, se basa en la detección de irregularidades sustanciales en la elaboración del convenio. Señala en el documento que el proceso fue direccionado, omitiendo las normas de libre competencia. Además, destaca que la rapidez con la que se llevaron a cabo las etapas precontractuales y contractuales evidencia que todo estaba previamente concertado.
«La fecha de delegación de la etapa precontractual (27 de junio de 2023), la fecha del acto que justifica la contratación directa (28 de junio de 2023) y la celebración del convenio (28 de junio de 2023) evidencian que todo estaba previamente concertado», declara el procurador De la Torre. «Era jurídicamente imposible definir los detalles y aristas de un negocio jurídico de tal magnitud y complejidad en un lapso tan corto«, añade.
El documento señala que “la transparencia se ve comprometida, ya que se solicitó la presentación de la propuesta sin un acto que especificara claramente que el mecanismo sería mediante contratación directa. Personas sin la competencia necesaria para tal decisión determinaron la viabilidad del convenio, según detalla el documento titulado «Análisis Jurídico, Técnico y Financiero». Además, la propuesta se presentó antes de que los estudios previos fueran debidamente formalizados.En un lapso de dos días, se delegó la facultad precontractual, se justificó la contratación directa y se procedió a la firma del convenio. Este proceso levanta interrogantes sobre la integridad y legitimidad del mismo.
Negocio lesivo
Además de las presuntas irregularidades en el proceso de contratación, la Procuraduría destaca que el negocio resulta lesivo financieramente para los neivanos, ya que implica pagos excesivos a las empresas del emporio Hilsaca, comprometiendo el patrimonio del municipio a largo plazo. El interés pactado se considera remunerativo y a una tasa alta, lo que sugiere la existencia de una operación de crédito público soterrada.
“Está comprometiendo el patrimonio del municipio con pagos absolutamente costosos y a largo plazo”, dice. “El interés pactado es claramente remunerativo y está a una tasa alta, lo que desnaturaliza en la existencia de cooperación interadministrativa y demuestra que se realizó una operación de crédito público soterrada”.
En este contexto, el procurador De la Torre insta al nuevo alcalde, Germán Casagua, a suspender de inmediato los efectos jurídicos del convenio y a evitar cualquier pago a las empresas del emporio Hilsaca. Asimismo, se le exhorta a buscar la manera de anular el convenio, quedando en manos de Casagua la decisión de aplicar la cláusula de terminación.
Si la cláusula de terminación no se aplica, la Procuraduría contempla la posibilidad de buscar la nulidad del convenio a través de una demanda administrativa. Sin embargo, se advierte que este proceso podría llevar meses e incluso años.
El negocio con el catastro
El alcalde Gorky Muñoz decidió que la contratación para la actualización del catastro de Neiva, que servirá como base para el cálculo del impuesto predial, se llevara a cabo a través de la Empresa de Servicios de Iluminación Pública (Esip). Esta entidad, regida por el derecho privado, dificulta la supervisión de la contratación delegada por un ente público en lugar de ser gestionada directamente por el municipio en un proceso más transparente.
Según una investigación de La Silla, la administración de Muñoz adaptó y justificó un contrato interadministrativo con Esip en noviembre del año pasado, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías en 2021, la cual prohíbe este tipo de operaciones interadministrativas. Evitar este enfoque habría obligado a la Alcaldía a someter la actualización del catastro a un proceso de licitación pública.
Esip, creada en 2021 para gestionar el alumbrado público de Neiva, cuenta con socios privados, AGM Desarrollo y American Lighting (establecidas y respaldadas por el cuestionado Alfonso Hilsaca), que carecen de experiencia pública en contratos de catastro.
A pesar de ello, la Alcaldía respaldó la entrega de fondos y la gestión de la contratación a Esip, basándose, entre otras razones, en una modificación de los estatutos de Esip y en certificaciones sobre ejecuciones de catastro proporcionadas por uno de los socios privados: American Lighting.
Esta experiencia se remonta a dos contratos privados en 2016 y 2018, firmados por American Lighting como subcontratista de la empresa paisa Sistema de Ingeniería y Consultoría (Sico). En dichos contratos, Sico, a su vez, actuó como subcontratista de dos fundaciones para llevar a cabo estudios en Girardota y Rionegro, Antioquia.
Es relevante señalar que las certificaciones y validaciones de estos contratos con Sico no figuran en el Registro Único de Proponentes (RUP) de American Lighting, donde se encuentra la información relacionada con la experiencia probable, capacidad jurídica, financiera y organizativa del proponente.
