ERNESTO CARDOSO CAMACHO
En la democracia que es la más genuina expresión de la soberanía popular es indispensable que se respeten la libertad y demás derechos civiles de los ciudadanos. Además, ella exige el equilibrio de poderes y el respeto a las instituciones del Estado; pues cuando éste se define como Social de Derecho; la colaboración entre las ramas del poder público tiene como único fin la satisfacción eficiente y oportuna de las necesidades colectivas.
Esta breve introducción permite establecer que quienes orientan las tres ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial; deben ejercer sus competencias constitucionales y legales de manera armónica, tal como lo establece con claridad el artículo 113 superior, inciso segundo.
Desde luego no es posible desconocer una realidad inocultable. Las democracias funcionan a través de elecciones libres y transparentes, en las cuales los partidos políticos canalizan las simpatías y convicciones de sus militantes; dirigidas a desarrollar desde el gobierno; las propuestas programáticas que los definen y caracterizan. No obstante, esos mismos ciudadanos afines a su partido político, eligen también sus legítimos voceros en la rama legislativa desde donde se crean, modifican o derogan las leyes y actos legislativos que reforman la constitución, pero que además están llamados a ejercer control político frente al ejecutivo en desarrollo del principio de pesos y contrapesos que constituye finalmente el equilibrio entre estos dos poderes.
El esquema institucional se completa con la función asignada a la rama judicial que define los conflictos jurídicos entre los ciudadanos y el Estado; y entre éstos mismos por sus diversos intereses económicos que exigen la presencia activa del juez que los resuelve en justicia y equidad.
Nuestra Constitución incluye dentro de la rama judicial a la Fiscalía General de la Nación, encargada de investigar y acusar a quienes violan las disposiciones del Código Penal, siendo la labor del Juez la que define la culpabilidad o la inocencia.
Por último, dicho esquema institucional se complementa con los llamados organismos de control, Procuraduría y Contraloría, en donde la primera actúa con carácter de Ministerio Público para garantizar los derechos ciudadanos y vigilar la conducta de los funcionarios del Estado; mientras la segunda vigila y controla el buen uso de los recursos del presupuesto público.
En esta breve reflexión no se menciona a otras entidades estatales como la Registraduría Nacional del Estado Civil que se encarga de organizar el estado civil de los ciudadanos y los eventos electorales.
La lucha de poderes que cada día se extiende con mayor intensidad se concreta entre el ejecutivo, el judicial y el legislativo. La razón pasa a ser sencilla. La Carta del 91 entre sus muchos aciertos y desaciertos, entregó funciones electorales a la rama judicial, entre ellas dos muy relevantes como son las de elegir al Fiscal General de la Nación para períodos de 4 años; y la postulación de candidatos a magistrados de las altas cortes para ser elegidos por el Congreso. Con ello, se generó un perverso intercambio de intereses personales y políticos que ha desgastado a la justicia y al congreso, pues los magistrados investigan y juzgan a los congresistas, y estos eligen a sus jueces; mientras que los actos de corrupción crecen como espuma.
Lo que el país está padeciendo ahora es una clara evidencia de tal lucha de poderes. Por una parte, el presidente Petro define una terna de juristas con experiencia en el sistema Penal para que la Corte Suprema de Justicia elija al nuevo Fiscal que reemplace al señor Barbosa, pero la Corte se toma su tiempo definido en un enrevesado mecanismo interno que no señala plazo perentorio para su decisión. Por ello, el presidente acude a la presión llamando a las marchas callejeras.
Pero, por otra parte, existe en el fondo un duro enfrentamiento con alto contenido político, consistente en que, el señor Barbosa y sus promotores como el expresidente Duque, quieren que se prolongue indefinidamente la decisión de la Corte con el fin de que la vicefiscal asuma la función por encargo; pues la Fiscalía debe resolver dos temas cruciales del juego político. Uno, la del expresidente Uribe en relación con la preclusión o la imputación; y dos, la investigación y eventual acusación a dos de los hijos del presidente Petro.
En conclusión, el país seguirá siendo víctima de una cruda lucha de poderes en los que la polarización ideológica y política cobra mayor intensidad, mientras los ciudadanos reclamamos seguridad, justicia, crecimiento económico, empleo productivo, servicios públicos eficientes y control eficaz a la desbordada criminalidad. Todos, unos y otros dicen defender la institucionalidad, mientras que con esta puja de poderes la siguen destruyendo.
Ojalá hubiese sana voluntad de alcanzar consensos mínimos ahora que la batalla regresa al escenario natural del congreso.
