La opinión pública colombiana está muy preocupada por la decisión del gobierno nacional de convertir en partidas globales manejadas directamente por el presidente de la República, para financiar los 57 proyectos de infraestructura que se encuentran incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante saber que, en la creación del Presupuesto General de la Nación, las apropiaciones corresponden a topes o autorizaciones máximas de gasto aprobadas por el Congreso, que se deben ejecutar, o comprometer durante una respectiva vigencia fiscal, so pena de incumplir o desviar dinero público lo que es castigado como un delito contra el erario. No es raro que el ejecutivo desvíe estos recursos para pagar los 12 millones anuales que les ha prometido a los delincuentes para que no maten o para seguir incremento los gastos de funcionamiento y para sufragar los gastos suntuarios de su entorno familiar, que ha generado un rechazo de la sociedad colombiana.
Igualmente, como lo hemos reiterado desde esta tribuna de opinión, los ingresos tributarios y no tributarios del Presupuesto General de la Nación, presentan una incertidumbre porque dada la aplicación incoherente de los instrumentos de la política macroeconómica}, la disminución del consumo nacional, decrecimiento en las ventas de vehículos, viviendas, establecimientos comerciales y que junto con el incremento de las criminalidad en Colombia, entre otros factores detonantes, están provocando un debilitando progresivo de la dinámica productiva por este accionar equivocado de este gobierno del cambio. Lo anterior está afectando la estabilidad fiscal.
Este decreto de liquidación del presupuesto es una afrenta para el desarrollo de la infraestructura en el país. Es una absurda decisión porque frena grandes proyectos de vías 4 G. El Huila no se sustrae de la arbitrariedad del gobierno nacional. La vía entre Isnos Paletará Popayán queda en el limbo, por esta nefasta decisión gubernamental que no respeta las vigencias futuras. La asignación presupuestal permite planificar, dirigir y controlar recursos públicos, con el fin de alejarse de favorecimientos directos. Se ha presentado en los últimos días un gran problema con el destino de billonarios recursos del presupuesto: de los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación para 2024, unos $16,7 billones corresponden a la infraestructura, $13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública, dinero que ahora aparece con otro rótulo y asignación bastante etérea.
Dia tras día, el gobierno nacional sigue empeñado a través de sus odios ideológicos de seguir gobernando con estos criterios arcaicos, que le siguen generando un total rechazo del constituyente primario, y que se ven reflejados en los resultados de las encuestas periódicas que realizan estas empresas. Es muy preocupante que el Gobierno omita en el decreto de liquidación del presupuesto la desagregación de $12,5 billones, parte de los $13,6 billones, dinero que asegura los recursos de proyectos a cargo de Invias y la ANI.
