Un muro de contención, para evitar posibles desbordamientos de la quebrada La Toma, se convirtió en el dolor de cabeza de 21 familias del barrio La Libertad de Neiva. Ahora un fallo judicial, los obliga a desalojar sus viviendas por estar en zona de alto riesgo según la autoridad ambiental.
Diario del Huila, Neiva
La tranquilidad de 21 familias residentes en el barrio La Libertad de Neiva está en juego, ante la amenaza inminente de perder sus hogares, donde han vivido durante más de cinco décadas.
La causa de esta angustia radica en una Acción Popular interpuesta por Amparo Cabrera Soto, una habitante de la Carrera 20 con Calle 16, debido a la negativa de la Administración Municipal en 2016 para construir un muro de contención que protegiera sus viviendas de las potenciales inundaciones provenientes de la quebrada La Toma, ubicada a menos de 30 metros de distancia.
La situación tomó un rumbo inesperado cuando las autoridades ambientales se involucraron, emitiendo un concepto de protección de ronda que establecía la prohibición de viviendas a menos de 30 metros del cauce de la quebrada. Esto llevó el conflicto a los tribunales, resultando en un fallo que ordena a las 21 familias desalojar y a la administración municipal reubicar a los afectados.
Sin embargo, esta acción debió cumplirse en 2021, y ahora, a escasos cinco meses de vencer el plazo otorgado por la autoridad judicial, no se vislumbra una solución concreta para estas familias que enfrentan el riesgo inminente de perder sus hogares.
Miller Osorio, concejal de Neiva, explica que esta crisis se originó a raíz de la Acción Popular presentada por Amparo Cabrera Soto, cuyo propósito era construir un muro de contención.
«Tras investigar el caso, hemos encontrado que la señora en cuestión fue catalogada como una invasora y enfrentaba problemas recurrentes de inundaciones causadas por las aguas pluviales, especialmente provenientes de la quebrada La Toma. Esta situación la llevó a presentar una Acción Popular, respaldada por la firma de todos sus vecinos, con el objetivo de abordar el problema que afectaba su propiedad. Lamentablemente, este proceso involucró a instituciones clave como la Personería, la Corporación Autónoma Regional (CAM) y la Defensoría del Pueblo en 2016«, contó el concejal Miller Osorio.
Asimismo, aseguró que es importante destacar que, «si observamos a lo largo de la quebrada La Toma, encontramos numerosas viviendas que se encuentran dentro del perímetro de protección ambiental de los 30 metros”.
Sin embargo, parece que el enfoque se ha centrado exclusivamente en estas familias ubicadas en la Carrera 20 con Calle 16. A pesar de los esfuerzos, las negociaciones para resolver este asunto no han prosperado, como lo demuestran dos actas de cumplimiento, una del 19 de mayo de 2016 y otra del 7 de julio de 2017, ambas sin llegar a un acuerdo definitivo».
Sin soluciones
En un intento por resolver la situación, el municipio de Neiva adquirió propiedades para desviar la canalización y evitar que estas familias permanecieran dentro del área designada como zona de protección ambiental. Sin embargo, a pesar de la compra de estos inmuebles, la canalización nunca se llevó a cabo. Esta omisión ha dejado a estas familias, que incluyen niños, adultos y ancianos, en una situación de vulnerabilidad.
Recientemente, el 18 de enero de 2024, se llevó a cabo una verificación en la que la representante legal del municipio, así como la CAM, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, no presentaron objeciones al proceso. A pesar de esto, la Cuarta Juez Administrativa, Ana María Correa, está ejerciendo presión para que se cumpla con el fallo.
En el mismo contexto, se encuentran involucrados funcionarios clave como Andrés Felipe Vargas Buitrago, secretario de Medio Ambiente, y Amelia Monroy Ortega, directora de Gestión del Riesgo del municipio de Neiva, quienes han confirmado el seguimiento del caso. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo instó a la recuperación del espacio público sin ofrecer contribuciones, al igual que el Ministerio Público.»
Los afectados
Doris Perdomo, una de las personas afectadas por esta situación, compartió que el problema se ha agravado desde que decidieron respaldar la solicitud de Amparo Cabrera para la construcción del muro de contención. «Desde el 2022 nos han estado ‘torturando’ con la posibilidad de un desalojo«.
Por su parte, Mercedes Criollo enfatizó que la incertidumbre generada en torno a la canalización de La Toma ha afectado profundamente a su comunidad. «Resido en el barrio La Libertad desde los siete años. Nunca hemos sufrido inundaciones y hemos adquirido nuestros terrenos de manera legal«.
Rubén Díaz, otro residente afectado, se sorprendió al enterarse del posible desalojo desde 2023, aparentemente por reubicación. «La quebrada La Toma nunca ha representado una amenaza para nosotros. Nuestras propiedades están debidamente registradas y al día con los impuestos. Todo lo que pedimos en su momento fue la construcción de un muro de contención«.
Jhon Jairo Fierro, también residente del barrio La Libertad, compartió su perspectiva sobre el origen del problema. «La problemática surge a raíz de la solicitud de una vecina para construir un muro de contención. Nosotros, como fundadores del barrio, nunca hemos experimentado inundaciones ni tragedias. Simplemente queremos seguir viviendo en nuestro hogar«, afirmó Fierro, rechazando la propuesta de un albergue y un pago de 200 mil pesos como una solución injusta e inadecuada.
La fecha límite para el cumplimiento del fallo judicial es el 10 de julio del presente año, dejando a estas familias con un plazo ajustado para encontrar una solución alternativa. El concejal Miller Osorio denunció que la anterior administración municipal ofreció una compensación económica insuficiente y ha amenazado con desalojos a los residentes.
“Es imperativo reconocer que la solución a este problema podría encontrarse a través de acciones constitucionales. Además, el municipio tiene la capacidad de abordar la situación mediante la canalización de la quebrada La Toma, evitando así que estas personas, con más de 50 años de residencia, sufran las consecuencias. Lamentablemente, hasta el momento, las discusiones se centran más en destacar el incumplimiento de la situación que en buscar soluciones efectivas”.
¿Qué pasó con la accionante?
Amparo Cabrera Soto fue reubicada y recibió un incentivo. Sin embargo, a pesar de esta reubicación, regresó al lugar original. «Desconocemos qué hizo con su propiedad anterior, pero es ella quien está presionando para que esta situación persista. Nos resulta incomprensible cómo la Administración puede permitir esto en lugar de buscar una solución«, expresó Miller Osorio ante los concejales
Por su parte, Wilson Díaz Sterling, personero municipal, explicó que la decisión de desalojo fue dictada por un fallo judicial y hasta ahora no ha sido posible llegar a un acuerdo entre el municipio y los residentes del barrio.
Lamentó que la Administración no haya aprobado la construcción del muro de contención, lo que llevó a la denunciante a recurrir a una acción popular. Este proceso, que ya lleva cerca de nueve años, resultó en la inclusión de 14 familias inicialmente, pero ahora afecta a 21. La Alcaldía, según Sterling, ha omitido atender la solicitud de mitigación.
La reubicación debería haberse realizado en 2021, pero hasta el momento no se ha cumplido con el fallo judicial, ni se ha generado un plan de vivienda para las 21 familias afectadas. La personería tiene la responsabilidad de garantizar que se cumpla el debido proceso con estas familias.
