Por: Ernesto Cardoso Camacho
El proceso administrativo y político a través del cual se habrá de designar al nuevo Fiscal General de la Nación, de la terna de solo mujeres que ha remitido a la Corte Suprema el presidente Petro, constituye toda una novedad en varios aspectos.
El principal de ellos consiste en que la terna se conformó sólo por mujeres, hecho que sin duda significa un contundente mensaje para romper los esquemas tradicionales de exclusión de la mujer en la dirección de los altos cargos del Estado. El que no hayan sido grandes protagonistas en su ejercicio profesional como juristas, no le resta trascendencia a la hábil estrategia del presidente, pues así también rompe otro esquema dando el mensaje en el sentido que, tan especial responsabilidad, no es exclusiva para los grandes representantes de los bufetes de abogados que han consolidado su prestigio con la ayuda eficaz de los medios y de los grandes conglomerados económicos y sociales.
Por otra parte, el haber remitido la terna con suficiente anticipación, tiene el claro propósito de colocar a los Magistrados contra la pared, tal como ahora lo estamos observando, dado que la fecha de vencimiento del período constitucional del Fiscal Barbosa era ampliamente conocido.
El contraste evidente entre las ternadas y el Fiscal Barbosa ha permitido al presidente Petro consolidar el mensaje, así no sea totalmente cierto, de que mientras Barbosa llegó en una terna confeccionada a su medida y siendo además amigo personal y Alto Consejero del presidente Duque, sus ternadas no tienen nada que ver con su gobierno ni ellas son sus amigas personales.
El mecanismo legal para tramitar el proceso de elección en la Corte definido en un Acuerdo de la Sala Plena, vigente desde hace varios años, tiene el propósito de que quien obtenga el apoyo de las dos terceras partes de todos los Magistrados, es decir de 16 votos a favor, será el elegido para un período constitucional es institucional por cuatro años.
Pues bien. Lo que hasta ahora ha ocurrido demuestra que siendo el cargo de Fiscal General de enorme importancia institucional, en la medida en que es la cabeza de una numerosa nómina de Fiscales e investigadores que tienen la función constitucional y legal de investigar y acusar ante los jueces, a quien incurra en una conducta delictiva, con la potestad de privarlos de su libertad, constituye una fuente de poder que en las democracias frágiles y desgastadas como la nuestra, puede llegar a convertirse en mecanismo perverso de persecución política o de estimular la impunidad.
Al respecto hemos visto muchos casos en uno u otro sentido, con el agravante que, la demora en el trámite de los procesos penales influye en uno u otro caso. Al respecto bastaría con mencionar que, en los procesos administrativos de Reparación Directa por privación injusta de la libertad, el Estado ha sido condenado a pagar varios billones de pesos a las víctimas, por evidentes errores imputados a la Fiscalía.
En estas circunstancias de polarización ideológica y política incrementadas por la llegada de Petro al poder presidencial, el proceso actual ha cobrado singulares características las cuales estamos ahora observando. No obstante, conviene recordar que en varias ocasiones anteriores, ha ocurrido que la elección se ha demorado e incluso ha habido cambio de nombres, como ocurrió en el gobierno de Uribe, siendo el caso más sonado.
Para intentar una reflexión objetiva e imparcial de lo que ahora ocurre es necesario comprender la dura puja política del proceso que influye en el mecanismo legal de la elección. Por una parte, el presidente reclama a la Corte que defina sin más dilaciones presionándolos con la convocatoria a las marchas callejeras; mientras que los Magistrados avanzan lentamente en las votaciones internas. Ya hemos visto que predomina el voto en blanco mientras que las ternadas, en su conjunto, no llegan a más de 8 votos. En estas condiciones el proceso avanzará muy lentamente y por ello algunos ya sugieren el cambio de la terna.
En el fondo de la dura puja política se percibe el temor de muchos dirigentes políticos con relación a que el nuevo o nueva Fiscal sea manipulado por el presidente, en el claro propósito de sacar de la obscuridad investigaciones de delitos imprescriptibles que han conducido a la impunidad. Al tiempo que, otros sienten el temor natural a que sean sometidos a investigaciones y eventuales acusaciones para destruir sus aspiraciones políticas.
Sin duda, la hipótesis más coherente que explicaría lo que ocurre, se relaciona con las investigaciones que han sido abiertas durante la Fiscalía de Barbosa contra el hermano y el hijo del presidente, al tiempo que, está por definirse si la investigación contra el expresidente Uribe se precluye o es llamado a imputación o juicio. En este contexto, la demora en la elección conduce a que la Fiscalía queda en manos de Barbosa a través de su vicefiscal Mancera, a quien los amigos del gobierno sindican de amiga de narcos y paramilitares.
COLETILLA.- Ha llegado a tan preocupantes niveles la desinstitucionalización de nuestra democracia que organismos como la ONU, la OEA y otras ONG promotoras de derechos humanos, violan nuestra soberanía de nación autónoma e independiente, abusando de sus competencias y facultades.
