El Tribunal Administrativo de Cundinamarca habría determinado que el presidente Gustavo Petro y su familia fueron objeto de seguimientos y persecuciones prolongadas, incluso después de la disolución del DAS en 2011, extendiéndose estos actos hasta el año 2020, por lo cual deberán ser reparados económica y materialmente.
De acuerdo con información, la defensa de la familia Petro argumenta que la persecución no solo no terminó con la disolución del DAS, sino que se prolongó. Basándose en informes periodísticos, una inspección de la Procuraduría y un dictamen de la Corte Suprema de Justicia para sustentar sus alegatos.
Óscar Eduardo Ortiz, abogado del presidente, enfatizó en un fallo que desde los años setenta ha existido una “persecución permanente y continua”. Hacia el proyecto político del ahora mandatario colombiano, lo que abriría la puerta a nuevas acciones legales contra la Nación.
El debate central gira en torno a la responsabilidad del Estado en estas presuntas violaciones a los derechos de Gustavo Petro. Si estas acciones derivan en una compensación económica por los daños causados.
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En ese sentido, los argumentos de la demanda están basados en una respuesta de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en junio de 2020 sobre la vinculación del nombre de Gustavo Petro en documentos obtenidos a través de operaciones de allanamiento en una unidad militar de Facatativá. Estos documentos detallan que Petro estaba siendo objeto de un “análisis o perfilamiento”, lo cual suscita preocupaciones sobre posibles violaciones de privacidad y derechos. Esta revelación se suma a interrogantes previamente planteadas acerca de si las líneas telefónicas del Senado asignadas a Petro, su residencia privada y sus celulares personales habían sido interceptados.
También, alegan la falta de pronunciamiento por parte de la Procuraduría, pues tradicionalmente, la Procuraduría ha jugado un papel esencial en la defensa de los ciudadanos frente a los excesos de poder.
Sin embargo, en este caso, según la defensa su silencio sobre los presuntos actos indebidos marca una notable ausencia. “Nos llama la atención que la Procuraduría no se haya pronunciado en este proceso”.
En la demanda se incluyen a Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, así como hacia sus hijos. Excepto a Nicolás Petro y a Nicolás Alcocer Petro y a “la señora madre abuela y bisabuela Clara Urrego sigue asilada en Canadá, lo mismo que su hija Adriana Petro con sus hijos. Típico y triste caso de daño a la vida en relación”.
Los reclamos se fundamentan, parcialmente, en las duras críticas del expresidente estadounidense Donald Trump, quien comparó a Petro con figuras polarizadoras. Como Fidel Castro y Nicolás Maduro, lo cual ha sido interpretado como un ataque directo a su reputación.
La defensa de Petro arguye que esta situación ha generado un “daño moral” considerable debido al “miedo y aislamiento” en que supuestamente vive la familia. Además, en la demanda se añade a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, que se encuentra en una posición particularmente delicada. Debido a su participación en el mencionado escándalo del llamado ‘pacto de La Picota’ y de quien no hay pruebas sobre cómo se ha afectado su buen nombre.
La respuesta del Estado, representada por Fiduprevisora, sugiere que Gustavo Petro y su familia eran conocedores de las circunstancias desde octubre de 2008. Momento en el cual recibieron comunicaciones anónimas del ya extinto DAS. Esto, según la entidad, podría anular la demanda por caducidad. Fiduprevisora, también hizo énfasis en la necesidad de distinguir entre los términos utilizados en la demanda, especialmente en lo que respecta a los daños morales. La afectación del buen nombre, indicando que “debe revisarse a quién se le afecta su buen nombre y bajo qué condiciones”.
Es notable el apunte de que el daño a un derecho fundamental, como lo es el buen nombre. Debe ser considerado de manera autónoma y no necesariamente ligado a otro tipo de perjuicio. Esta distinción es crucial para entender la magnitud y el alcance de las acusaciones hechas por la familia Petro, así como su fundamentación jurídica.
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