La sociedad colombiana se encuentra desesperada por los incrementos excesivos de los cobros mensuales de energía que superan en muchas ocasiones el 50% anual y que desbordan la exigua capacidad de pago que presentan las familias, porque no aguantan que las electrificadoras tomen la decisión de realizar estos incrementos. Por iniciativa de los integrantes del Concejo de Neiva, ayer se realizó una marcha por las calles de Neiva, que, aunque no fue muy concurrida, los asistentes representaron la voz de inconformismo ante estos operadores, que se han vuelto irracionales para exprimirles el bolsillo a los colombianos. En reiteradas ocasiones el gobierno nacional, ha querido asumir el control de estas tarifas, pero ha sido imposible ante la normatividad constitucional y legislativa que se tiene desde tiempos atrás para calcular el precio del Kilovatio hora, dadas las altas inversiones que han asumido las empresas generadoras de energía en el país y que se han traducido en una formula, que tiene unas incoherencias y unas fallas desde que fueron estructuradas.
Lo que preocupan a los usuarios, es el incremento de las tarifas que se encuentran indexadas al incremento del IPC (9,28%) y IPP (16,20%). De acuerdo con estas variaciones a enero de 2024, todas las familias colombianas debemos pagar un incremento aproximado del 31,48%. frente a enero de 2023. En este porcentaje se incorporan el costo del contrabando de energía y las caídas de voltaje. Y como si fuera poco, nos están cobrando los subsidios que nos dieron durante el periodo que duró la pandemia del Covid. La sumatoria de todos estos costos, los asumimos en los recibos que pagamos mensualmente. Además, con el fenómeno climatológico del Niño, donde los embalses actualmente presentan una reducción promedio por debajo del 50% a nivel nacional, el costo del kilovatio hora, que es comprado en bolsa, se está incrementando ostensiblemente. Así como están las cosas, los recibos de energía que nos están llegando están superando incrementos superiores al 40%. Algo inconcebible dada la coyuntura macroeconómica que presenta el país.
Por este motivo, el gobierno nacional debe impulsar un proceso acelerado de transición energética para poder utilizar otras alternativas como la energía solar, eólica y acuatrónica entre otras, que reduciría en más de un 80% el costo de la luz. Pero hay otro aspecto, que se está gestando en las altas esferas gubernamentales y es la venta de las electrificadoras al sector privado, por el abultado déficit que presentan las finanzas nacionales. Sino se corrigen y se controlan estas alzas exageradas de este vital servicio público, que están contribuyendo a un proceso acelerado de pauperización de los sectores vulnerables, continuarán aumentando las protestas sociales que actualmente están ocurriendo en las regiones de Colombia. Todo lo anterior nos obliga en nuestros hogares a ahorrar energía.
