En el marco de la Mesa Pública Penitenciaria que se llevó a cabo en la ciudad de Neiva, se conoció el crítico panorama de los centros penitenciarios de Neiva, La Plata y Pitalito. Según la Personería de Neiva, el hacinamiento, la infraestructura y los problemas de salud, son algunas de las necesidades más apremiantes para solucionar para las personas privadas de la libertad.
En una reunión de vital importancia convocada por la Personería de Neiva, junto con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y Asoperhuila, se llevó a cabo la Mesa Pública Penitenciaria y Carcelaria. Este encuentro sirvió como plataforma para abordar diversas problemáticas que aquejan al sistema carcelario del departamento del Huila, entre ellas el hacinamiento, la salud, la infraestructura y la alimentación.
El Procurador Departamental, Diego Alexis Tello Esquivel, hizo hincapié en la necesidad de que los alcaldes electos contribuyan proporcionando recursos y terrenos para la construcción de centros transitorios destinados a personas privadas de la libertad.
Esta medida busca hacer frente al alarmante problema de hacinamiento que se vive en la región, agravado por la propagación de enfermedades contagiosas como la tuberculosis.
La Defensora del Pueblo Regional Huila, Johana Elena Rojas Herrera, destacó la importancia de la participación de la judicatura en esta convocatoria, señalando los retrasos en la atención de solicitudes de tutela y la falta de personal especializado en psicología para la atención de los reclusos.
Además, resaltó los graves problemas de infraestructura en varias cárceles del departamento, especialmente en la de La Plata, advirtiendo sobre el riesgo inminente de colapso en algunos casos.
Hacinamiento en Neiva
El panorama expuesto por las autoridades no deja lugar a dudas sobre la urgencia de abordar estas problemáticas de manera integral. Wilson Díaz Sterling, personero de Neiva, expresó la preocupación por la falta de inversión destinada a garantizar los derechos de los reclusos, señalando los problemas de hacinamiento en los centros de detención transitoria de Neiva, los cuales carecen de la infraestructura adecuada para albergar a los privados de la libertad.
«Hemos enfrentado una situación de relativo aislamiento en cuanto a las inversiones necesarias para asegurar los derechos de las personas privadas de la libertad. Según el representante del Ministerio Público, nos encontramos ante graves problemas de hacinamiento en los centros de detención transitoria de Neiva, los cuales están ubicados en las antiguas instalaciones de Alpina, la Subestación El Caguán y el CAI Bogotá. Estas infraestructuras no fueron diseñadas originalmente para albergar a personas privadas de la libertad, lo que ha agravado la situación. Nos enfrentamos a un problema de hacinamiento que ha superado la cifra de 300 personas privadas de la libertad, con muchos de ellos a la espera de que se resuelva su situación jurídica«.
La directora Regional Central del Instituto Penitenciario de Colombia, Mayor Nancy Pérez González, supervisa la gestión de cuatro establecimientos penitenciarios en el Huila, y destaca la alarmante situación de hacinamiento en la cárcel de Pitalito, según informes del Inpec.
En cuanto a Neiva, la ciudad cuenta con un establecimiento que ha permanecido cerrado durante un periodo considerable.
“La intención era trasladar a personas privadas de la libertad hacia otros centros carcelarios, pero para llevar a cabo esta acción, se requiere la aprobación de la Secretaría de Salud. Este proceso se ha visto afectado no solo por la presencia de tuberculosis, sino también por la preocupación relacionada con la propagación del Covid-19. La cárcel ha permanecido cerrada durante aproximadamente cuatro meses, afectando a 45 privados de la libertad que necesitan ser trasladados”.
Pérez González, señaló que un aspecto crucial en esta situación son los convenios establecidos con los municipios, los cuales calificó de irrisorios. “El costo anual por cada privado de la libertad asciende a 38 millones de pesos. Sin embargo, los convenios existentes con los municipios resultan insuficientes y desproporcionados frente a este costo. Se toma como ejemplo el municipio de Algeciras, que cuenta con siete sindicados en Neiva y un convenio de tan solo 15 millones de pesos, cantidad que no alcanza para cubrir los gastos de un mes”.
En cuanto a la preocupante situación de salud, se destaca la ausencia de personal enviado a Neiva, especialmente en relación con los protocolos de ingreso de personas. Las autoridades están actualmente evaluando la capacitación del personal como medida para abordar esta problemática y garantizar un manejo adecuado de la salud en los centros penitenciarios.
Recursos para el ‘Rancho’
Por su parte, Karol Ortigoza, subdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios, anunció importantes gestiones para atender las necesidades de infraestructura en la cárcel de Rivera, incluyendo la creación de un ‘rancho’ o restaurante en el centro penitenciario.
Las preocupaciones también abarcan aspectos de resocialización y seguridad. El Juez Cuarto de Ejecución de Penas destacó la necesidad de evaluar si el sistema penal colombiano está cumpliendo su objetivo de reintegrar a los individuos a la sociedad de manera efectiva. Asimismo, se señaló la carga adicional que enfrenta la cárcel de Pitalito al recibir a la población carcelaria del Putumayo.
Los líderes municipales también se hicieron eco de estas preocupaciones. Yider Luna, alcalde de Pitalito, hizo un llamado a la acción para garantizar tanto la seguridad de la comunidad como los derechos humanos de los reclusos, proponiendo la realización de labores sociales para los detenidos que contribuyan al bienestar de la ciudad.
Compromisos
Diego Alexis Tello Esquivel, Procurador Departamental, quien lideró la Mesa Pública Penitenciaria y Carcelaria, concluyó la reunión destacando los compromisos asumidos por cada una de las instituciones presentes en relación con la problemática carcelaria del Huila. A continuación, se detallan los compromisos:
Seguimiento puntual de la Uspec a través de los contratos en ejecución:
La Uspec se compromete a realizar un seguimiento detallado de los contratos actualmente en ejecución, garantizando la transparencia y eficacia en la ejecución de los recursos destinados al sistema penitenciario.
Inversión de recursos para el rancho por parte de la Uspec:
La Uspec se compromete a invertir 700 millones de pesos para la mejora del rancho, proporcionando un plan de contingencia mientras se llevan a cabo las adecuaciones necesarias.
Se asegura el respaldo continuo de la Uspec a la oficina encargada de gestionar y supervisar los programas relacionados con la población carcelaria, fortaleciendo así las iniciativas que buscan mejorar las condiciones en los centros penitenciarios.
Mesa bimensual para seguimiento de compromisos:
Se establece la realización de una mesa de trabajo bimensual para dar seguimiento a los compromisos adquiridos, garantizando un monitoreo constante de las acciones implementadas para abordar la crisis carcelaria.
Inclusión de recursos en planes de desarrollo según propuesta policial:
La Policía propone que se asignen los recursos necesarios dentro de los planes de desarrollo para cumplir con la política pública penitenciaria, asegurando la atención adecuada a los desafíos del sistema penitenciario.
Exhortación a las controlarías para auditorías en centros penitenciarios:
Se exhorta a todas las controlarías a llevar a cabo auditorías detalladas de los recursos destinados a los centros penitenciarios, asegurando la rendición de cuentas y la gestión eficiente de los fondos públicos.
Seguimiento riguroso a las visitas a personas privadas de la libertad domiciliarias:
Se establece un compromiso para realizar un seguimiento detallado y riguroso a las visitas a las personas privadas de la libertad que se encuentran en sus domicilios, garantizando el cumplimiento de los protocolos y la atención adecuada.
Reforzar los controles de seguridad:
Se implementará un refuerzo significativo en los controles de seguridad en los centros penitenciarios, buscando mejorar la seguridad tanto para el personal como para la población carcelaria.
Exhortación a la Secretaría de Salud de Neiva para certificación de enfermedades contagiosas:
Se insta a la Secretaría de Salud de Neiva a expedir la certificación correspondiente al centro transitorio, identificando posibles enfermedades contagiosas entre la población carcelaria y facilitando así el traslado adecuado de los 45 privados de libertad afectados.
Seguimiento de autoridades de salud a enfermedades respiratorias y contagiosas, y medidas preventivas:
Las autoridades de salud se comprometen a realizar un seguimiento constante a las enfermedades respiratorias y contagiosas presentes en los centros penitenciarios, implementando medidas preventivas para salvaguardar la salud de la población carcelaria y del personal involucrado.
