La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) está evaluando la posibilidad de iniciar una investigación formal tras una denuncia presentada por el empresario Samuel Tcherassi, relacionada con la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. La queja sugiere una supuesta violación de las normas que protegen la libre competencia económica. Además, se ha pedido una medida cautelar para asegurar la devolución de más de dos millones de dólares invertidos por la ciudad en la organización del evento.
Estos detalles se dieron a conocer a través de Caracol Radio, donde Camilo Gómez, abogado de Tcherassi, expresó la necesidad de otorgar a la SIC la oportunidad de trabajar sin restricciones para lograr la restitución del dinero a la ciudad. “Lo que nosotros consideramos es que hay que darle la oportunidad a la Superintendencia y no hay que ahorrar esfuerzos independientes de cuál sea el camino para lograr que se devuelvan esos fondos a la ciudad de Barranquilla”, dijo el abogado.
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La acción legal planteada busca una intervención directa que afectaría los derechos financieros y de transmisión de Panam Sports, entidad encargada de los Juegos Panamericanos, con el objetivo de asegurar el resarcimiento a Barranquilla por los gastos incurridos en la preparación para albergar los juegos. Esta medida se presenta como un esfuerzo para proteger los intereses económicos de la ciudad, que había avizorado en el evento una oportunidad de desarrollo y exposición internacional.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició el análisis de una denuncia contra Panam Sports por un presunto abuso de posición dominante y prácticas de competencia desleal, tras el retiro de la sede de los Juegos Panamericanos a Colombia por incumplimientos financieros. “Los hechos descritos serán evaluados con el fin de determinar si existe mérito para iniciar una averiguación preliminar o una investigación formal por la presunta infracción del régimen de protección de la libre competencia económica”, dice una carta emitida por la entidad.
El conflicto surgió después de que Panam Sports decidiera cancelar la asignación de Colombia como sede de la competencia internacional, argumentando que el país no cumplió con los pagos acordados de 4 millones de dólares en las fechas límites establecidas. Esta situación llevó a Tcherassi a actuar en representación del interés colectivo, preparando una denuncia con el fin de recuperar 2 millones de dólares y solicitando medidas cautelares que afectarían directamente a la organización deportiva. Adicionalmente, este controvertido episodio provocó la renuncia de Astrid Bibiana Rodríguez, que desempeñaba el cargo de ministra del Deporte en Colombia.
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Mientras tanto, Asunción y Lima se perfilan como las ciudades candidatas para acoger las justas, cuya elección se definirá el próximo 12 de marzo, excluyendo a Colombia como posible anfitrión. Este análisis y las consecuencias derivadas del mismo representan un momento significativo no solo para los implicados directamente, sino también para el futuro de la organización de eventos deportivos internacionales en la región.
