ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Según la declaración oficial del Presidente de la Corte Suprema conocida a través de los diversos medios de comunicación, el próximo martes 12 habrá “humo blanco”, para conocer el nombre de la nueva Fiscal General de la Nación.
Todo indica que los Magistrados han entendido la enorme responsabilidad que les asiste en ejercer su competencia constitucional y legal para elegir de la terna presentada por el presidente Petro, integrada por tres mujeres con amplia experiencia en el ejercicio del Derecho y que no presentan ningún antecedente judicial ni ético que les haya impedido su nominación.
Por otra parte, las presiones políticas que de uno u otro sector ideológico han pretendido ejercer sobre la Corte, han fracasado por su improcedencia e insensatez, hecho que enaltece la independencia de los propios magistrados y de la institución judicial.
Al parecer ha incidido también un hecho poco conocido el cual consiste en que, en los próximos dos meses terminan su período constitucional 5 magistrados, circunstancia que afectaría sustancialmente la conformación del quorum no para decidir, pero si para conformar la mayoría necesaria de los 16 votos que se requieren para elegir.
Al respecto conviene recordar que la experiencia vivida hace 16 años durante el segundo mandato del expresidente Uribe, cuando se dilató la decisión que obligó a un largo tiempo de interinidad, el cual afectó no solamente al gobierno si no también a la Corte, fue una experiencia que debilitó el sistema de equilibrio de poderes y generó un desgaste institucional que no debería repetirse.
Para nadie es un secreto el que la elección del nuevo Fiscal tiene una enorme incidencia en diversos escenarios del sistema Penal Acusatorio, dado que la Fiscalía es el organismo judicial que investiga y acusa a quien este sindicado de haber infringido el Código Penal, o en búsqueda del presunto responsable de la conducta delictiva, en cualquier caso para imputarle su responsabilidad ante los respectivos Jueces de Conocimiento. Es decir, decide sobre su libertad y eventualmente comprobarle la autoría del delito, con las consecuencias que la ley señala como castigo por su conducta criminal.
No obstante, es también trascendente la labor de la Fiscalía, en relación con decisiones aún pendientes que involucran a diversas personalidades de la actividad política, donde sin duda alguna el caso judicial del expresidente Uribe y el del hijo y hermano del presidente Petro, constituyen casos de alto impacto en la opinión nacional e internacional, dada la coyuntura política de intensa polarización que hoy se percibe en el país.
La experiencia esta demostrando que en la constitución del 91 se incurrió en un grave error institucional, aún no corregido, al señalar el procedimiento para esta elección pues la postulación de la terna por parte del presidente y la decisión de 16 magistrados para escoger al Fiscal, ha generado una sensación inconveniente en la cual, el eventual cruce de favores e intereses entre quienes representan las dos ramas del poder público, desbalancea el indispensable equilibrio entre estas, en relación con su autonomía e independencia, principio esencial del sistema democrático.
En conclusión, mientras no exista real voluntad política de los actores que protagonizan las relaciones institucionales del poder público, no habrá manera de corregir el entuerto, con las consecuencias que ya hemos padecido en relación con los altos índices de impunidad y de alguna manera con una Fiscalía selectiva y parcializada, donde la disputa política e ideológica desnaturaliza su esencia de contribuir a una justicia pronta e imparcial.
Los temores que en algunos sectores políticos ha despertado la condición de las ternadas por el presidente Petro, tienen su sustento en la aguda polarización que tanto el presidente Petro como sus contradictores, vienen trasladando a la opinión ciudadana. Al respecto es inevitable aceptar que ello se debe, por una parte al estilo confrontacional y pendenciero del presidente, cargado de ideologismo; y por la otra, a la manifiesta debilidad de quienes dicen ejercer la oposición a sus políticas.
COLETILLA.- La Electrificadora sigue su inexorable marchitamiento ante la desidia del gobernador Villalva, así como a la evidente irresponsabilidad del gobierno nacional. Y los huilenses…..” viendo un chispero”.
