Así lo dice el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mostró las cifras de violencia durante 2023. De los 126 asesinatos a defensores de derechos humanos en toda América Latina, 105 de ellos ocurrieron en Colombia. En el Huila, destaca el crimen de Lennis Rojas Silva, líder comunal asesinado en Pacarní.
Diario del Huila, Panorama
En su informe más reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto de relieve la escalofriante realidad de la violencia contra los defensores de los derechos humanos en Colombia. A finales del año pasado, en el departamento del Huila, se registró un caso emblemático en el cual Lennis Rojas Silva, un líder comunal, sufrió un homicidio a tiros cerca de Pacarní, en la jurisdicción del municipio de Tesalia.
Aunque el informe oficial afirma que su muerte ocurrió durante un presunto robo de su motocicleta, versiones sugieren que las disidencias de ‘Iván Mordiscos’ podrían haberlo ejecutado. Este incidente se enmarca en el contexto de una cacería desatada por estas disidencias contra el padre de la víctima, un veterano exintegrante de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc.
Los datos presentados por la CIDH son alarmantes: de los 126 asesinatos a defensores de derechos humanos ocurridos en toda América Latina durante 2023, 105 tuvieron lugar en Colombia. Esto evidencia una situación de extrema gravedad que pone en peligro la vida de quienes luchan por la justicia y la dignidad en el país.
El informe de la CIDH destaca varios casos emblemáticos de violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia, como el asesinato de la lideresa comunitaria Martha Yolanda Benavides en Linares, Nariño; Eliécer Puyo Chocué en Caldono, Cauca; y John Freiman Ramos en Santander de Quilichao.
A pesar de los esfuerzos del Estado colombiano para proteger a estos líderes, incluida la aprobación del Acuerdo de Escazú, que contiene un capítulo especial sobre la protección de los defensores de derechos humanos, así como la expedición de la Directiva Presidencial 07 de diciembre de 2023, que reconoce su labor, la violencia persiste de manera preocupante.
Vidas en peligro
El informe también destaca la proliferación de discursos que buscan desacreditar el trabajo de los defensores de derechos humanos, lo que genera un clima de hostilidad e intolerancia que dificulta aún más su labor. Este fenómeno, según la CIDH, proviene incluso de las más altas autoridades, lo que agrava la situación y pone en peligro la vida de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
El documento de la CIDH también hace un llamado a la protección especial de grupos vulnerables, como mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, campesinas y población LGBTI, que enfrentan un mayor riesgo de violencia.
Según las cifras presentadas, cuatro departamentos concentran la mayoría de los casos de violencia: Cauca, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca. Estas áreas enfrentan serias conflictividades debido a la presencia de grupos armados, corredores de drogas y cultivos de coca.
Estos datos alarmantes se suman a los presentados hace una semana por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que mostraron un aumento en el número de masacres en Colombia durante 2023. Según el informe, se registraron 98 masacres, seis más que en 2022. Durante el mismo período, un alto porcentaje de personas pertenecientes a pueblos étnicos experimentaron el desplazamiento de aproximadamente 62.967 individuos, mientras que 87.646 fueron confinadas.
A lo largo de los años, la violencia contra los líderes sociales ha mostrado una tendencia preocupante. Los informes anuales del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) muestran un aumento constante en los homicidios desde 2016, alcanzando su punto máximo en 2020 con 252 crímenes. Aunque hubo una ligera disminución en 2021 debido a la pandemia, la cifra volvió a subir en 2022 y continuó aumentando en 2023.
El crimen de Lennis
Desconocidos brutalmente asesinaron a Lennis Rojas Silva mientras él se encontraba en compañía de su hijastra, en lo que aparentemente fue un intento de robo de su motocicleta. Rojas, quien ejercía como presidente de una junta de acción comunal, fue víctima de este trágico suceso en una zona rural cercana al municipio de Tesalia, donde la influencia de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ es notable. Aunque inicialmente se pensaba que delincuentes comunes habían perpetrado el crimen, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) atribuyó el incidente a disidencias de las FARC.
Según declaraciones realizadas por Leonardo González Perafán, director de Indepaz, a través de la plataforma social X, se señaló al Estado Mayor Central FARC como presunto responsable de este acto, basándose en información recabada en el área.
El lamentable suceso tuvo lugar en la vereda El Vergel del mencionado municipio, donde Rojas y su hijastra transitaban en una motocicleta Honda de color rojo. Individuos a bordo de otra motocicleta interceptaron a Rojas y, en un aparente intento de robo, le dispararon, arrebatándole la vida.
El teniente coronel Henry Alexander Muñoz Pinilla, comandante de la Policía en el Huila, confirmó que el presidente de la junta no había recibido amenazas previas ni había denunciado situaciones que pusieran en riesgo su integridad. Esto plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de este trágico suceso.
La Federación Comunal del Huila también se pronunció sobre el asesinato de Rojas, señalando que lamentablemente este evento se suma a una serie de crímenes que han afectado a líderes comunales en la región. «El Huila no es ajeno a los asesinatos que vienen sucediendo con comunales… asesinaron a Lennis Rojas, presidente de la JAC de la vereda El Vergel en Tesalia», expresaron.
Defensores asesinados
Durante este período, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – América Central y el Caribe (OACNUDH) ha registrado la lamentable cifra de 34 casos de asesinatos de personas defensoras. En diciembre, perdieron la vida Martha Yolanda Benavides, líder comunitaria en Linares, Nariño; Eliécer Puyo Chocué, líder indígena en Caldono, Cauca; John Freiman Ramos Ocaña, líder social en Santander de Quilichao, Cauca; Carlos Arturo Quijano Velasco, líder campesino en Silvia, Cauca; Carlos Alberto Romero Martínez, líder social en La Dorada, Caldas;
Marino Paví Julicue, líder indígena en Toribío, Cauca; Diego Antonio Arrieta López, líder social en Turbo, Antioquia; Rozana Delgado, defensora LGBTI en Bogotá; Tulia Carrillo Lizarazo, líder social en Tame, Arauca; Robert Fernández, líder campesino en Cajibío, Cauca; Camilo Osuna, defensor ambiental en Cali, Valle de Cauca; Robiro Rojas Benavides, líder social en Los Andes Sotomayor, Nariño; Pedro Pablo Salas Sánchez, líder social en Puerto de Asís, Putumayo; Phanor Guazaquillo, defensor indígena en Puerto Asís, Putumayo; María Isabel Ramos, lideresa social en Solita, Caquetá; y Manuel María Carlosama Oco, defensor indígena en Puerto de Asís, Putumayo.
Para noviembre, también fueron víctimas de actos violentos Daniel Andrés Rivas, líder comunitario en Puerto Caicedo, Putumayo; José Luis Alape, líder comunitario en Puerto Guzmán, Putumayo; Hermilson Layton Forero, líder comunitario en Tame, Arauca; Lennis Rojas Silva, líder comunitario en Tesalia, Huila; Elkin Jesús Díaz, defensor del medio ambiente en Puerto de Asís, Putumayo; Rogelio Chate, defensor indígena en Caldono, Cauca; y Luis Alberto Quintero Díaz, líder comunitario en Tibú, Norte de Santander.
En octubre, lamentablemente, se sumaron a esta lista Samuel Avendaño López, defensor afrodescendiente en Carmen del Darién, Chocó; Rubén Darío Patiño Cuervo, líder comunitario en Palmira, Valle del Cauca; Gustavo Adolfo Ortiz Murillo, defensor afrodescendiente en Buenaventura, Valle del Cauca; Jamile Bernal García, líder comunitario en Villagarzón, Putumayo; Miller Silva Rosero, líder comunitario en Argelia, Cauca; y Felipe Castro Pinillo, defensor afrodescendiente en El Charco, Nariño.
En septiembre, también se registraron trágicos hechos con la pérdida de Johan Ferney Aguilar, defensor del medio ambiente en Falan, Tolima; Silvio Rosero Arteaga, defensor en Taminango, Nariño; Steven Chalarca, defensor en Yolombó, Antioquia; José Arley Cruz Chucue, defensor indígena en Miranda, Valle del Cauca; y Milton Santacruz Aguilar, defensor indígena en Necocli, Antioquia.
