Carlos Yepes A.
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia fue un momento histórico trascendental que marcó un antes y un después en la estructura política y social del país.
Para ese entonces fue convocada en un contexto de intensa violencia y descontento social, buscaba dar respuesta a una amplia gama de demandas sociales, políticas y económicas. La Asamblea, compuesta por setenta delegados elegidos democráticamente, incluyó una diversidad de voces y perspectivas, abarcando desde partidos políticos tradicionales hasta movimientos guerrilleros desmovilizados como el M-19 y organizaciones indígenas. Este proceso constituyente se caracterizó por su apertura a la participación ciudadana y la inclusión de propuestas de diferentes sectores de la sociedad, con el objetivo de refundar el Estado colombiano sobre bases más inclusivas y democráticas.
En contraste, la propuesta de una nueva Asamblea Constituyente que está siendo propuesta por el actual gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Petro, pretende en un momento histórico también muy complejo, polarizado y de marcada incertidumbre económica, abordar los retos y necesidades contemporáneos del país. Este es un escenario muy distinto al de hace tres décadas. Si bien no se ha definido completamente el alcance y los objetivos específicos de esta nueva constituyente, se entiende que aspira a profundizar y ampliar los derechos sociales, económicos y ambientales, ajustar la estructura del Estado a los desafíos del siglo XXI, y reforzar el marco de paz y reconciliación nacional.
Una comparación directa entre ambos momentos revela diferencias en el contexto político, social y económico que los enmarca. Mientras la Constituyente de 1991 nació en respuesta a una crisis política y social profunda, con un fuerte énfasis en la pacificación del país y la inclusión de sectores anteriormente marginalizados, la propuesta actual parece responder a un deseo de actualización y profundización de los marcos normativos para abordar los desafíos propios de una sociedad colombiana moderna, como la desigualdad, el cambio climático y la consolidación de la paz.
Es importante destacar que la Constituyente de 1991 generó una nueva Carta Magna que ha sido reconocida internacionalmente por su avanzado enfoque en derechos humanos y la inclusión social. Cualquier esfuerzo futuro por convocar una nueva Asamblea Constituyente deberá, por lo tanto, sopesar cuidadosamente cómo construir sobre estos logros, al tiempo que aborda las insuficiencias y desafíos emergentes que enfrenta la sociedad colombiana hoy en día.
En resumen, mientras la Asamblea de 1991 se caracterizó por su innovación y apertura en un momento crítico de la historia colombiana, la propuesta de una nueva constituyente se encuentra aún en el proceso de definición de sus contornos específicos y objetivos. Su éxito dependerá de la capacidad de convocar un diálogo inclusivo y constructivo que refleje las necesidades y aspiraciones de la Colombia contemporánea.
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