ERNESTO CARDOSO CAMACHO
El llamado país político y empresarial, donde sin duda alguna se aglutinan buena parte de los seguidores de los partidos tradicionales ahora llamados de derecha; en razón a la polarización agudizada de manera deliberada por el presidente Petro; ha sido sorprendido con la propuesta de acudir a una constituyente, formulada como respuesta a la decisión adoptada por 9 congresistas de archivar el proyecto de reforma a la salud y del lento trámite a que están sometiendo la pensional y la laboral.
Es decir que el gobierno está dispuesto a apelar a la soberanía popular como elemento esencial del constituyente primario, frente al delegado que lo es el congreso.
Desde la perspectiva política es indudable que la oferta de cambio que le dio el triunfo al presidente Petro, promovida ahora desde el gobierno con las reformas que debate el congreso, tiene toda la legitimidad democrática e institucional. No obstante, el buen propósito de cumplirle a sus electores debe adecuarse al Estado Social de Derecho, dado que dicho propósito trasciende el elemento político y necesariamente debe conjugarse con el jurídico. No hay alternativa distinta, pues así funciona el sistema democrático, donde el equilibrio de poderes garantiza la autonomía e independencia de cada rama del poder público, no obstante que deben colaborarse armónicamente para la adecuada realización de los fines del Estado, según ineludible mandato constitucional.
En este contexto es evidente que la constituyente anunciada termina siendo una muy hábil jugada política del presidente, característica de su estilo retador y pendenciero, pero que en el fondo oculta sus verdaderas intenciones.
Nadie que conozca así sea precariamente el trámite constitucional exigido, con mayor razón el propio presidente; puede desconocer que para su implementación legal es indispensable de una ley que requiere la previa aprobación del congreso; donde se determine la competencia; es decir los temas que podría abocar y el período de sus deliberaciones; tal como de manera precisa lo señala el primer inciso del artículo 376 de la Carta.
Adicionalmente, la convocatoria ciudadana exige la aprobación de una tercera parte del censo electoral vigente; la elección de sus integrantes no podrá coincidir con otra elección y durante el período de sus deliberaciones se suspende la competencia ordinaria del congreso para reformar la constitución a través de actos legislativos.
En estas condiciones es claro que los procedimientos, los tiempos y el no contar el gobierno con mayorías en el congreso, hacen inviable la propuesta, salvo que se consolidara un gran acuerdo nacional que definiera los temas de la Asamblea Constituyente, hecho que hoy parece casi imposible dada la aguda polarización política e ideológica.
Las realidades políticas existentes permiten observar que la propuesta del presidente es una hábil estrategia para consolidar sus apoyos en las bases populares, al tiempo que pretende colocar contra la pared a los partidos de derecha que se oponen a sus reformas en el congreso. Petro tiene claro que los partidos tradicionales están padeciendo dos graves problemas: su desgaste que les ha mermado considerablemente el apoyo ciudadano y aún de sus militantes; así como la ausencia evidente de liderazgo de quienes han fungido como sus líderes o jefes.
Los expresidentes como Gaviria y Pastrana ya no ejercen mayor influencia en la opinión al interior de sus partidos ni ante la ciudadanía. Santos y Vargas Lleras están sufriendo el desgaste del Acuerdo con las Farc y los numerosos escándalos de corrupción que se están desvelando durante sus ocho años en el ejercicio del poder. Duque pasó con más pena que gloria desligándose del uribismo y con sus evidentes equivocaciones pavimentó la llegada de Petro. Uribe, siendo el único con el coraje y la fortaleza política para confrontar al presidente, lo han tenido acorralado con su proceso judicial en el cual la elección de la nueva Fiscal habrá de jugar un papel protagónico; además vituperado con el tema de los falsos positivos; y amenazado por las “confesiones” de Mancuso ante la JEP; es un adversario políticamente débil que no tendría la fuerza necesaria para detener las verdaderas intenciones del presidente.
Con una observación suspicaz acerca de la real intención de Petro, su jugada no sería la Constituyente. La usa por ahora como medio eficaz para la confrontación que solo busca consolidar el apoyo en las bases populares. Quizá el verdadero camino puede estar en el contenido del artículo 104 de la Carta, donde el presidente; con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del senado; el cual podría obtener a punta de mermelada; convoca al pueblo para consultarle decisiones de trascendencia nacional-que no serían otras que sus reformas-; siendo la decisión del pueblo obligatoria y tal consulta no podrá coincidir con otra elección.
La política es dinámica y la realidad es que las evidentes dificultades de todo orden que atraviesa la Nación, podrían ser el factor que facilitaría el concepto favorable del Senado-desde luego además de la mermelada-; con el cual se haría posible realizar las reformas estructurales que no dan espera, sin tener que recurrir a otros mecanismos dilatorios y de difícil consenso como el de la Constituyente.
