Ante la inquietud generada entre las víctimas por la admisión de Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la magistratura que se aclare y se adicione el auto emitido el pasado 19 de marzo de 2024.
La petición de la Procuraduría radica en la inclusión de una tercera sentencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, en la cual se dispusieron reparaciones económicas a 137 víctimas que, según la Procuraduría, no fueron tenidas en cuenta en el mencionado auto.
Para la Procuraduría, esta omisión constituye un aspecto sustancial que debe ser corregido, ya que consideran que dicha sentencia forma parte integral de la judicialización transicional del compareciente.
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El procurador delegado, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, subrayó la importancia de reconocer a todas las víctimas, incluso aquellas que, a pesar de intervenir en el proceso especial transicional, no lograron obtener una orden judicial ejecutoriada que dispusiera una acción de reparación indemnizatoria a su favor.
Además, Acosta Aristizábal señaló la necesidad de clarificar las menciones sobre el deber de reparación económica de Mancuso Gómez, considerando su situación particular, y garantizar que este deber se extienda no solo a las personas con sentencias ejecutoriadas de Justicia y Paz, sino a todas las víctimas reconocidas en el proceso.
Esta solicitud de aclaración por parte de la Procuraduría busca garantizar la integralidad y la equidad en el proceso de justicia transicional, así como asegurar que todas las víctimas reciban la reparación y el reconocimiento que merecen en el marco del conflicto armado en Colombia.
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